El 66 % de inspecciones detectan incumplimientos en los vertidos

Casi un 66 % de los controles realizados sobre los vertidos industriales detectaron el año pasado incumplientos en los límites establecidos. De los 14.378 parámetros analizados, 9.468 no pasaron el corte. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) centraliza sus inspecciones sobre todo en actividades con un mayor potencial contaminante y da cuenta de ello a confederaciones hidrográficas y también a los ayuntamientos.

De las 744 incidencias registrada, la mayoría procedían del sector agroalimentario (505), seguido por el textil (111) o el metalmecánico (43). Se confirma, eso sí, un descenso respecto al 89,29 % con que se cerró el año 2021.

Durante 2022 se dieron un total de 3.261 problemas por vertidos de alta carga, que afectaron directamente a 187 depuradoras de las 487 que gestiona la Epsar en la Comunitat Valenciana. Tras las averiguaciones realizadas se localizaron 66 focos de contaminación, relacionados con 299 incidentes que corresponden a establecimientos industriales cuyos vertidos afectan a treinta depuradoras. Otras 87 tuvieron su origen en 23 polígonos industriales, de lo que se dió cuenta al Servicio Ambiental de la Generalitat y en su caso, el Seprona.

Alarmantes cifras en 2005

Con todo, los vertidos de metales pesados a la red de saneamiento se han reducido un 91,1 % en los últimos diecisiete años. Las inspecciones, centradas especialmente en las actividades con un mayor porcentaje contaminante, han permitido un progresivo descenso respecto a las alarmantes cifras de 2005. Valencia y Alicante aglutinan el grueso de actuaciones de inspección, con Castellón menos de la mitad.

La Epsar realizó el año pasado un total de 2.383 inspecciones sobre 1.413 empresas valencianas, de las que 59 cesaron su actividad y otras 76 fueron detectadas como nuevas actividades. Fueron tomadas 1.488 muestras con 15.392 parámetros analíticos.

Aunque la evolución interanual en el número de inspecciones ha bajado, desde la Epsar se apunta que se han descartado aquellos establecimientos donde no se prevé problemas de contaminación, centrando los esfuerzos en aquellos que suponen un serio riesgo para el normal funcionamiento de las depuradoras. «Como consecuencia se ha reducido significativamente el tiempo entre la existencia de un incidente y la localización de su origen», se apunta en la memoria de gestión del pasado ejercicio. Las inspecciones, aseguran, han forzado a que muchas empresas hayan introducido medidas correctoras.

Una de las últimas auditorías llevadas a cabo por el Síndic reclamaba mayor número de chequeos con el fin de proteger las depuradoras frente a la entrada de aguas con alta carga contaminante. Desde la Epsar se esgrime que el aumento de los productos que se rastrean ahora genera un mayor coste por su complejidad. De hecho, explican que se ha agotado el presupuesto destinado a este capítulo, «lo que viene a ratificar el esfuerzo máximo para la realización de estos trabajos».

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