Análisis

El riesgo de eclipse valenciano

El reto de la política valenciana ante la investidura en España es no pasar del «oasis» de paz a la invisibilidad de sus reivindicaciones entre los cantos de un nuevo modelo territorial y las exigencias económicas de Cataluña y Euskadi

Manifestación del PP el pasado domingo en Madrid contra la posible amnistía.

Manifestación del PP el pasado domingo en Madrid contra la posible amnistía. / Jesús Hellín - Europa Press

Alfons Garcia

Alfons Garcia

El azar ha querido que el juicio por las agresiones en una manifestación del Nou d’Octubre coincida con la rentrée de la agenda soberanista catalana. La violencia de los 28 acusados que ha empezado a juzgarse recorrió València el Nou d’Octubre no de cualquier año, sino de 2017, el año del referéndum independentista (el del 1 de octubre, poco antes de la diada valenciana). Da cuenta del grado de enfrentamiento social que el procés extendió más allá de Cataluña y previene ante posibles riesgos futuros. 

La política española vuelve a girar seis años después sobre el avispero catalán, aunque todo (casi todo) se decida en las moquetas madrileñas. 

La investidura de un presidente del Gobierno ha multiplicado el protagonismo (en decadencia en las urnas) del debate soberanista por la necesidad de los votos de los diputados nacionalistas catalanes y vascos para lograr una mayoría. La actualidad vertebra sobre los partidos y parlamentarios de estos territorios. 

Además de las sonoras proclamas de amnistía y autodeterminación, en el debate empieza a emerger la cuestión metálica. En el potaje de un posible acuerdo entran también los presupuestos de 2024 y posibles reivindicaciones históricas, como el traspaso de las Rodalies a Cataluña.

El riesgo en este contexto es la invisibilidad de la otra España, la que no es Cataluña, Euskadi y Galicia ni tampoco Madrid. Y, en especial, la ocultación de la Comunitat Valenciana, la autonomía peor financiada, como es asumido ya de forma extendida. Decir invisibilidad es decir el arrinconamiento de algunos objetivos históricos para dar prioridad a las exigencias de los grupos cuyo voto es clave para la investidura.

Desde 2015 conceptos como ‘el oasis valenciano’, la agenda o la vía valenciana se han repetido institucionalmente en una estrategia de búsqueda de presencia en los foros españoles. En la práctica, los logros han sido pobres. El riesgo ahora, en la complicada ecuación parlamentaria actual, es el de un ‘eclipse valenciano’.

De momento, el contexto es favorable a transformaciones en el modelo territorial, pero ese objetivo no es transversal en la política valenciana. Los cambios irían encaminados a una mayor participación y voz de los territorios. Una España menos radial y centralista. Ha sido uno de los objetivos repetidos por la izquierda que ha gobernado la C. Valenciana desde 2015 hasta el pasado mes de mayo, presidida por Ximo Puig. Pero la derecha valenciana se desmarca de esta «España plurinacional» que la izquierda (parte de ella, al menos) y las formaciones nacionalistas defienden. 

Sí hay coincidencia en la nómina de deudas históricas del Estado con la C. Valenciana (desde la infrafinanciación, la más sangrante, a las inversiones y el pago de los desplazados sanitarios). 

¿Qué puede pasar con estas cuestiones tras este proceso de investidura? Hasta ahora no han figurado en el primer plano, posiblemente afectadas también por las discrepancias sobre el modelo de país y el enfrentamiento pp-PSOE. El riesgo de un aparcamiento es evidente. Así, el peligro no es solo la invisibilidad territorial, sino que de nuevo la agenda valenciana quede desplazada del eje principal de reparto de recursos. 

El president de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), reconocía el riesgo en la entrevista con Prensa Ibérica del pasado domingo. Su propuesta es un protagonismo más allá de la reivindicación, «valencianizar» España, en el sentido de trasladar una receta de autonomismo «cordial», ajeno a rupturas y centrado en el crecimiento económico.

Más allá de declaraciones, la política valenciana llega desunida a la fase definitiva de la investidura, pendiente de las sedes centrales de los grandes partidos y sin estrategia colectiva. Al menos, hasta el día de hoy.