Andalucía, la Comunitat Valenciana y Madrid son las autonomías con más operaciones contra la corrupción

Andalucía, la Comunitat Valenciana y Madrid, por este orden, son las autonomías con más operaciones contra la corrupción que realiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según reconoce Antonio Balas Dávila, teniente coronel y jefe del departamento de investigaciones económicas de la UCO, que en la Comunitat Valenciana ha realizado investigaciones como los casos Taula, Erial y Azud. 

El responsable de la UCO participa junto a miembros de la OLAF, la Fiscalía Anticorrupción y la judicatura en la "Jornada internacional contra la corrupción" organizada por la Agencia Valenciana Antifraude para conmemorar los veinte años de la convención de Naciones Unidas contra la corrupción y con motivo del día de la lucha contra la corrupción que se celebra el próximo 9 de diciembre. 

El representante de la UCO ha participado en el primer debate de la jornada, "La lucha contra la corrupción en el día a día", junto a Eduardo Cano, jefe de la unidad de selección de operaciones e investigaciones de la Oficina Europea de lucha contra el fraude (OLAF) y Ricardo V. Pujol Sánchez, director de la Oficina Andaluza contra el fraude y la corrupción.

El representante de la OLAF, Eduardo Cano, ha señalado que anualmente reciben 5.000 denuncias, el 57% de ciudadanos de la Unión Europea. Su competencia son investigaciones administrativas que afecten al presupuesto europeo pero también de tipo disciplinario contra funcionarios de las instituciones europeas. En su haber tiene haber conseguido recomendaciones por valor de 2.000 millones y recuperados por valor de 950. 

Ha explicado que las investigaciones de la OLAF se centran en gastos e ingresos relacionados con la Unión Europeo: el PIB, el IVA y los derechos de aduana. Además del fraude en subvenciones (doble financiación de los mismos proyectos), contrabando, fraudes aduaneros, Respecto a la fiscalidad europea, la OLAF colabora con la Fiscalía europea. Una colaboración que se basa en la complementariedad de las investigaciones para evitar duplicidades. "No investigamos donde va a haber investigación penal". 

La OLAF tiene competencias sobre "35.000 funcionarios y 705 miembros del parlamento". Sobre los que han realizado "7 y 33 investigaciones, respectivamente" lo que supone para Eduardo Cano que "hay un problema de ética institucional y democrática en el nivel político. Como no cambiemos el ámbito de decisión de la norma y como se genera mal vamos porque la norma se está haciendo en favor de los privilegios", ha señalado.

Por su parte, Antonio Balas Dávila, teniente coronel y jefe del departamento de investigaciones económicas de la UCO de la Guardia Civil, donde trabaja desde 2006, quien ha iniciado su intervención recordando que "la UCO ha sido testigo del esfuerzo sostenido que hace la Agencia Antifraude. Esta suma de sinergias son las que resultan más eficaces", en el día a día de la lucha contra la corrupción, ha señalado. 

Una tarea en la que "la Guardia Civil está como nexo de unión de los diferentes niveles: nacional, internacional, administrativo y en la investigación criminal de las conductas" porque "la corrupción es el posibilitador más potente del crimen organizado. Se dan en cualquier ámbito y en todos los niveles. Se identifica con la administración pública pero también tiene afectación al ámbito privado, a la libre competencia y el deporte". Un "panorama que complica hacer frente a este fenómeno. Y más si se aplica a la trasnacionalidad. Y a la recuperación de activos. Acabamos de intervenir 22 millones en Hong Kong y no imaginan las vueltas que hemos tenido que dar las puertas a las que hemos tenido que llamar." 

El teniente coronel ha señalado que "la Experiencia y necesidades de la información y de las investigaciones e indagaciones se estructuran en torno a cinco ejes: la información especializada, los recursos, coordinación y cooperación multidisciplinar, el desarrollo normativo y el conocimiento de la amenaza. Aunque la complejidad de los actores imposibilita la alineación de los cinco ejes descritos".

El responsable de la UCO ha señalado que "la corrupción y la lucha contra el fraude ha ido transformándose". En España, además, se cuenta con la "Fiscalía Anticorrupción que nació en 1995. Algo de lo que podemos sentirnos orgullosos". Y desde entonces, ha señalado, "se aprecia un cambio de visión. Corrupción como amenaza transversal, pero no era considerada grave amenaza"

Aunque la "importancia que la Unión Europea dará a la corrupción se materializará en una directiva contra la corrupción que a mí me sorprende que aún no exista". Y en el ámbito nacional "se observa cambio de enfoque en el objeto de la corrupción: vinculada a la amenaza económica, por detrás de estupefacientes pero por delante de la ciberdeluncuencia y la trata de seres humanos. Su erradicación es prioritaria para España". El representante de la Guardia Civil también ha señalado que en la ley protección denunciantes "curiosamente solo veo dos menciones a la corrupción en dos disposiciones adicionales.Me sorprende que no exista una estrategia única contra la corrupción, que debería haberse implantado. 18 meses después de la entrada en vigor de la ley de protección del denunciante". 

Por último, el teniente coronel ha señalado que "el conocimiento de la amenaza es fundamental para poder organizar los recursos contra la corrupción para realizar una monitorización del fenómeno a través del departamento de la UCO" en el que establecen "diez tipologías delictivas que permite conocer las áreas de mayor incidencia, qué delitos están relacionados al fenómeno de la corrupción (ya que ellos son un cuerpo con despliegue nacional) para redistribuir esfuerzos, establecer procedimientos adecuados y poder mejorar". 

De ahí que ha revelado que "Andalucía, la Comunitat Valenciana y Madrid es donde encontramos mayor incidencia" de causas de corrupción. "El delito que más se investiga es la prevaricación, seguido de la corrupción en los negocios en el ámbito privado, relacionado con las conexiones en el ámbito privado. Seguido de la malversación y el cohecho". Unas causas en las que "la media de investigados son siete personas, se incluyen las personas jurídicas, de ámbito autonómico y local, aunque menos en la estatal". 

Y ha concluido que para la UCO "es fundamental trabajar desde un inicio con la Fiscalía Anticorrupción. Nos conocemos desde hace muchos años, hablamos y comprendemos las dificultades que subyacen en este fenómeno. Iniciar la investigación con diligencias de investigación penal nos permite investigar y, si después la investigación requiere otras medidas más restrictivas de derechos, el fiscal ya lo eleva a diligencias judiciales y no perdemos un tiempo precioso inicial". 

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