«Los alertadores de corrupción deben ser recompensados y premiados»

«Los alertadores de corrupción deben ser recompensados y premiados», defendió ayer Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Luzón participó ayer junto a miembros de oficinas antifraude europea, valenciana y andaluza, la Unidad central operativa UCO)de la Guardia Civil y la judicatura en la «Jornada internacional contra la corrupción» organizada por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) para conmemorar los veinte años de la convención de Naciones Unidas contra la corrupción y el «Día internacional contra la corrupción» que se celebra el próximo 9 de diciembre. 

«La corrupción es una rémora que merma el gasto público y disminuye la confianza de los ciudadanos en la administración y provoca apatía y desafección políticas que afecta a la calidad de la democracia», ha señalado el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, quien se mostró crítico con la ley de protección del denunciante. «Cuatro artículos que no valen para nada, si entramos en las responsabilidades penales». Por lo que apostó por garantizar «la protección penal del alertador, el de terceros o el que ha participado en los hechos. Es un tema abierto pero el alertador debe ser recompensado y premiado. En algunos casos es la única manera de conocer las prácticas corruptas». 

«Los fiscales tenemos algo que los jueces no tienen: especialización»

Teresa Gisbert

— Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana

Luzón y la Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, reivindicaron la figura de la Fiscalía como responsable de las investigaciones penales ya que «los fiscales tenemos algo que los jueces no tienen: especialización». Gisbert también puso en valor el trabajo de la Agencia Valenciana Antifraude, en «perfecta coordinación con la Fiscalía» que ha fructificado en 30 informes periciales de la agencia que nos han permitido iniciar y continuar investigaciones y que haya habido sentencias y condenas. Esa interrelación es fundamental». Yreivindicó la necesidad de que «campañas institucionales den a conocer la normativa de protección al denunciante. Es la única forma de que los cargos que pueden denunciar lo hagan. La mayoría de denuncias no se ponen por represalias», insistió. 

La punta del iceberg

El magistrado valenciano Joaquim Bosch también defendió que la corrupción que llega a los juzgados «es la punta del iceberg». Por lo que defendió la importancia de «la prevención y la trasparencia, la generación de infraestructura éticas, mejora de los procedimientos de adjudicación pública y espacios de vigilancia del poder político. Todo esto es mucho más importante que la actuación judicial».

Aunque la realidad es que Andalucía, la Comunitat Valenciana y Madrid, por este orden, son las autonomías con más operaciones contra la corrupción que realiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según reconoció Antonio Balas Dávila, teniente coronel y jefe del departamento de investigaciones económicas de la UCO, que en la Comunitat Valenciana ha colaborado en grandes macrocausas como los casos Taula, Erial y Azud. «La corrupción es el posibilitador más potente del crimen organizad», defendió el teniente coronel que valoró el «esfuerzo sostenido que hace la Agencia valenciana antifraude. Esta suma de sinergías son las que resultan más eficaces». 

« Andalucía, la Comunitat Valenciana y Madrid son las autonomías con más causas»

Antonio Balas Dávila

— Teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil

Además de los territorios con más causas, el teniente coronel también detalló que el delito que más investiga la UCOes l de prevaricación, seguido de la corrupción en los negocios en el ámbito privado, la malversación y el cohecho» en causas con «una media de investigados de siete personas físicas y jurídicas, de ámbito autonómico y local, y en menor medida estatal». 

Y reivindicó que para la UCO «es fundamental trabajar desde un inicio con la Fiscalía Anticorrupción. Nos conocemos desde hace muchos años, hablamos y comprendemos las dificultades que subyacen en este fenómeno. Iniciar la investigación con diligencias de investigación penal nos permite investigar y, si después la investigación requiere otras medidas más restrictivas de derechos, el fiscal ya lo eleva a diligencias judiciales y no perdemos un tiempo precioso inicial». 

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