Educación pide al Ministerio que "mueva ficha" para resolver el destino de 7.500 docentes

La Conselleria de Educación pide al Ministerio que "mueva ficha" para resolver el destino de 7.500 docentes valencianos. El departamento dirigido por José Antonio Rovira ya ha enviado los datos del concurso de traslados de 2022 a Madrid. Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno.

El embrollo comienza con dos sentencias conseguidas tras varias denuncias de CC OO, por las cuales Educación deberá repetir la adjudicación de 7.555 plazas de docentes y rehacerla con otros criterios. Una sentencia por el cuerpo de maestros de primaria (2.667), y otra para el de secundaria (4.888).

La justicia obliga a Educación a volver a adjudicar 7.500 plazas docentes

La decisión judicial supone un contratiempo bastante grande para la adjudicación de plazas docentes en este concurso de traslados y obliga a rehacerlo casi por completo, ya que en total contaba con unas 10.000 plazas. En esencia, la justicia obliga a la Generalitat a repetir porque el Botànic no sacó a concurso todas las plazas de las que disponía, y abre la puerta a que miles de docentes que aprobaron una oposición pasen por delante de los interinos estabilizados para elegir destino.

El principal problema, según el primer análisis de sindicatos y Conselleria, estaría en el cuerpo de secundaria, con casi 2.500 plazas que no se habrían publicado. Según el sindicato Stepv, Conselleria ofreció 4.888 plazas en el concurso de méritos, pero solo 2.517 en el concurso de traslados.

El problema no sería tan grande en Primaria y repetir el concurso no modificaría el resultado del año pasado, ya que se ofrecieron más plazas (2.800) que las que había en el concurso de méritos (2.667).

CC OO aclaró en su día que esta sentencia mantiene todos los puestos de trabajo en Educación, y que lo único que cambia es el destino de las plazas para los docentes. Aunque Conselleria recurrió ambas sentencias, el departamento de Campanar está bastante concienciado en la necesidad de aplicarlas, y ha pedido al Ministerio de Educación un "pilotaje" para determinar el alcance del problema y tomar medidas en consecuencia.

Eso es lo que han comunicado los responsables de conselleria la tarde de este jueves a los sindicatos en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, en la que la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, ha explicado que la Conselleria está a la espera del proceso de pilotaje solicitado al Ministerio de Educación el pasado mes de diciembre “para determinar el alcance de la situación y las soluciones”. “Desde la Conselleria hemos trasladado al Ministerio los archivos y la documentación necesaria, y es ahora el Ministerio quien debe dar un paso, la pelota está en su tejado”, ha señalado.

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Herencia envenenada

Los responsables de la Conselleria han coincidido en valorar que el problema “es una herencia del equipo anterior de Educación, que se debe resolver con celeridad para no vulnerar ningún derecho de los participantes en el concurso anterior y en el autonómico actual”. Los sindicatos se han puesto a disposición de la Administración para colaborar en la resolución de esta situación derivada de la sentencia que obliga a incorporar nuevas vacantes en el concurso de 2022.

El sindicato mayoritario Stepv ha preguntado si existe la posibilidad de repetir el concurso del año pasado y ejecutar el que está ahora en marcha al mismo tiempo, a lo que Conselleria no ha podido dar respuesta. El Stepv recuerda que sería la primera vez que se repite un concurso de traslados en España. El sindicato UGT, por su parte, ha reclamado lo mismo y ha pedido celeridad a la administración para resolver el problema del que pende el destino de miles de docentes valencianos.

Las dos sentencias de CC OO podrían tener consecuencias en todo el país, y ya hay otras autonomías de España donde se han presentado denuncias parecidas, con lo que el problema que ha empezado en la Comunitat Valenciana puede convertirse en un asunto de índole estatal.

Funcionarios primero

Para entender lo ocurrido hay que irse hasta el concurso de traslados (las plazas que saca conselleria para que los profesores elijan) del año 2022, con unas 4.000 plazas. 

La legislación establece que Conselleria está obligada a sacar todas las plazas de las que dispone, sin ocultar ninguna. Sin embargo, un mes después, Educación (entonces gestionada por Compromís) anunció que estabilizaría a 7.555 interinos a través de un concurso de méritos.

Este concurso de méritos consistía, de manera muy resumida, en que los interinos entregaban la documentación que acreditaba su antigüedad en el puesto y formación y, sin necesidad de pasar por una oposición, se convertían en funcionarios estabilizados.

Este concurso se diseñó así para cumplir con una ley Europea que exigía a España bajar su tasa de temporalidad en la administración pública hasta un 8 %. En total se estabilizaron 7.555 plazas, y 1.900 restantes fueron mediante una 'oposición light' con muchos más puntos para los interinos, pero a la que se podía presentar cualquiera. Estas 1.900 plazas no están afectadas por la sentencia.  

Volviendo al concurso de méritos, CC OO demandó a la Conselleria de Educación en 2022 por considerar que esas 7.555 fueron ocultadas a los funcionarios, en contra de lo que establece la ley, y tendrían que haber salido en el concurso de traslados. Un año después la justicia le da la razón, con lo que el concurso debe rehacerse por completo y dar la oportunidad a los funcionarios de elegir el destino por encima de estos interinos. En resumen, los puestos de trabajo no varían, pero sí los lugares.

Herida abierta

Esta sentencia supone un capítulo más en la herida abierta entre docentes interinos y docentes que han aprobado una oposición. Estos últimos llevaban años protestando dentro de la «Plataforma per a la Catalogació de Vacants», una de las entidades que presentó las demandas junto a CC OO. 

Esta herida comenzó a abrirse cuando la Unión Europea obligó a España a reducir la temporalidad en las administraciones públicas (entre ellas, Educación) estabilizando a interinos de larga duración. En el caso del cuerpo de profesorado, se trataba de personas que no habían aprobado una oposición debido a que la Conselleria pasó muchos años sin convocar oposiciones a profesorado, con lo que no tuvieron oportunidad de optar a una plaza pública por esa vía. Cuando finalmente se volvieron a convocar muchos de ellos desistieron en prepararse el examen y continuaron como interinos. 

Por el otro lado, los docentes con la oposición aprobada veían injusto que personas que no habían pasado la prueba se convirtieran en funcionarios y pudieran elegir plaza. De fondo queda el debate de si es más importante la experiencia de estos interinos que han pasado décadas dando clases o el pasar o no un examen.