El Consell pone encima de la mesa un plan de choque para reducir la lista de la dependencia

Tener servicios públicos de calidad y una Administración que funcione correctamente es un derecho fundamental. Bajo esta premisa, el Síndic de Greuges ha celebrado este martes en el Marq de Alicante una jornada dedicada a reivindicar el derecho a una buena administración y en la que intervinieron juristas y expertos en derecho. Durante la inauguración de las jornadas, la vicepresidenta del Consell y responsable del área de Servicios Sociales de la Generalitat, Susana Camarero, anunció un plan de choque para reducir las listas de espera tanto en la dependencia como en la valoración de la discapacidad, una espera que la propia consellera ha calificado como "una barbaridad". La reducción de estas esperas era uno de sus objetivos, al tiempo que la reducción de la burocracia y simplificar los procedimientos para agilizarlos. El área de Bienestar Social concentra entre el 30 y el 40 por ciento de las reclamaciones que se presentan ante el Síndic.

El Sindic de Greuges, Ángel Luna, aseguró durante la inauguración de estas jornadas que era tiempo de hacer una ley autonómica del derecho a una buena administración, un principio que ya están recogiendo algunas resoluciones judiciales. Y se trata de una legislación ya prevista en el propio Estatuto de Autonomía desde hace más de 17 años. Luna aseguró que las leyes existentes en esta materia afectan tan solo los altos cargos. "Se trata de introducir métodos de control objetivables y con la implicación organizaciones profesionales y sindicales. El Servicio público debe estar ahí y dejar claro cuál es su papel. Luego nos quejamos de privatizaciones", dijo.

Luna aseguró que desde su institución "tenemos la voluntad de ser referentes en la defensa de ese derecho, pero debe ser una tarea colectiva y permanente que debe implicar a todos". El Síndic señaló que nos preocupa la práctica de los procedimientos administrativos, "nuestros problemas son la falta de respuesta, los plazos excesivos, los extravíos de documentos, reiterar la petición de documentos que ya ha aportado el ciudadano, las decisiones que no se acaban tomando porque el expediente no se termina". En este sentido recalcó que estos parones se suelen producir en situaciones en los que la Administración "sólo tiene que comprobar los datos que ya le han dado".

Luna recalcó que "nos preocupan los mandatos de los vulnerables porque son todos urgentes. Tenemos especial interés en todo lo que retrasa la satisfacción de intereses básicos para la vida de las personas. La mitad son por deficiencias en la tramitación, por falta de respuesta en un 40 por ciento". Casos en los que los ciudadanos "ni siquiera se han planteado ir a los tribunales porque ven una dificultad enorme. La realidad es más dura que las normas".

Ponencias

La primera de las ponencias corrió a cargo del catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona Juli Ponce que alertó de que "la falta de calidad institucional estaba facilitando la aparición de discursos populistas". A su juicio, en pleitos por estas materias se debe acreditar que "se ha desplegado la actividad administrativa para evitar un daño con la diligencia y el cuidado debido". En su opinión, se debería reclamar más la responsabilidad patrimonial, porque en estos casos el mal funcionamiento de la Administración ha generado un perjuicio al ciudadano.

El magistrado del Tribunal Supremo, Dimitry Teodoro Berberoff, que ha dictado varias resoluciones invocando el derecho a una correcta administración, señaló que "llegan a los tribunales casos límites y extremos, que hay que corregir en el caso de que la actuación administrativa no haya sido correcta. Hay muchos tipos de ámbitos, pero un de los más frecuentes son del área social con colectivos vulnerables, que no se solucionan en tiempos razonables".

"El ciudadano también tiene derecho a no tener que verse obligado a litigar para obtener la satisfacción de sus derechos", aseguró María Lourdes Arastey magistrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido subrayó que este derecho es un precepto incluido en el marco de derechos de la Unión Europea. Desde el ámbito comunitario ya se han dictado cerca 1.500 sentencias del tribunal de instancia, reconociendo este derecho.