Educación rechaza la aplicación de la ley de universidades si no hay fondos

El plan para la estabilización de los 4.200 nuevos profesores universitarios planteado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para el desarrollo de la ley del Sistema Universitario (LOSU) no cuenta con el respaldo valenciano, como remarcaron ayer desde la consellería de Educación, que se opone a la propuesta de la ministra Diana Morant, recogida dentro del ’Programa Integra’. Educación exige al Ministerio que asuma su responsabilidad en la financiación de este aumento de la plantilla de los profesores universitarios.

El plan contemplado en la ley establece una reducción de la dedicación docente de los profesores, que se ve compensada por un incremento de 4.500 docentes. La propuesta del Ejecutivo central preveía una fórmula de colaboración entre el gobierno central y los autonómicos en el terreno de la financiación, en la que el Ejecutivo Central asumiría un tercio del presupuesto, mientras que las autonomías deberían asumir la cuantía restante. En el caso de la Comunitat Valenciana, el coste impuesto por la LOSU se estima en 35 millones de euros. 

Por la mañana, el Ministerio anunció que había llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para el desarrollo de la norma orgánica, con un calendario de aplicación que comenzará el próximo curso 2024-2025 y se extendería durante los tres siguientes. Según las fuentes de la consellería, el anuncio se realizó cuando aún no estaba acordado. 

Propuesta "insuficiente"

El director general de Universidades, José Antonio Pérez, calificó la propuesta de «insuficiente» y «parcial», al centrarse únicamente en la adecuación de la carga docente y la dedicación de los profesores asociados sin plantear soluciones al resto de cuestiones que demanda el cumplimiento de la norma estatal. Además, reclamó al «Gobierno que asuma la financiación que supone adaptarnos a esta nueva norma», a la vez que aseguró que «las autonomías no tienen que asumir el coste de una ley estatal que se ha aprobado sin previsión económica». Pérez criticó, además, la falta de planificación presupuestaria del Ministerio y los cambios de criterio, ya que, en una primera reunión, se comprometió a asumir dos tercios del coste total, mientras que en la reunión celebrada ayer indicó que «sólo asumirá esta cantidad durante la primera».

Comunicación sin acuerdo

El director general transmitió el «descontento» de la consellería y, también, de otros asistentes en la reunión de trabajo de ayer. Según Pérez, el Ministerio emitió un comunicado en el que informaba a los medios del supuesto acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas, cuando aún no habían intervenido todos los sectores implicados.«Sin duda, esta filtración ha suscitado el desconcierto de los representantes de las comunidades autónomas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y los propios sindicatos que, durante su intervención, habían expresado su disconformidad con la propuesta del Ministerio», añadió.

 Por último, el director general de Universidades ha lamentado «la falta de previsión, la improvisación y el escaso rigor del gabinete que dirige Diana Morant, que ha quedado de manifiesto al conocer los asistentes a la comisión de trabajo que las disposiciones transitorias que van a permitir dilatar la aplicación de una parte de la LOSU ya se habían mandado al Congreso, ya que se iban a realizar en el texto de la futura ley que regulará las enseñanzas artísticas y el plazo para la presentación de enmiendas a este texto legal concluye este mismo sábado».