La auditoría a fundaciones e institutos sanitarios habla de "gestión irregular"

Una auditoría de la Intervención General de la Generalitat pone de manifiesto "múltiples y graves irregularidades" en la gestión del personal y la contratación de los centros de investigación del sector público instrumental de la Comunitat Valenciana, adscritos a la conselleria de Sanidad. El documento al que ha podido tener acceso Levante-EMV, considera que estas "irregularidades" se habrían producido de manera "reincidente" durante los últimos ocho años, coincidiendo con las dos legislaturas de la gestión del Botànic, a la que califica de "irresponsable". A principios de este año, el president Carlos Mazón anunció que se iba a producir una auditoría de todo el sector instrumental de la Generalitat Valenciana por "irregularidades" en la Sindicatura de Comptes, aunque desde Sanidad llevan trabajando al respecto desde el inicio de la actual legislatura.

Por lo que respecta a las fundaciones e institutos sanitarios, la auditoría considera que viven una situación de "desamparo total" fundamentado, principalmente, en dos cuestiones. El primero es que Sanidad no las ha dotado de un modelo de gestión interno y propio que garantice la toma de decisiones por parte de sus órganos de gobierno. Y el segundo es que el ente no "se ha implicado" en las decisiones tomadas al "desatender su responsabilidad para con ellas" en materias de personal, contratación, régimen económico y tesorería. Según el documento, esto ha generado una situación de "descontrol", heredada por el actual Consell y que, como explican desde Sanidad, "nos obliga ahora a trabajar in extremis para generar un marco legal que resuelva esta situación" y, a la vez, establezca medidas de control en la gestión interna de todas las fundaciones e institutos de investigación.

Una gestión económica que "no se ajusta" a la norma

La auditoría considera que la gestión económico-financiera en el área de personal de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) y del Instituto de Investigación del Hospital Universitario y Politécnico "La Fe" "no se ajusta a la normativa aplicable" al haberse detectado "incumplimientos y limitaciones, que afectan trascendentalmente a la opinión". Entre otras cuestiones, el documento considera que parte del personal de ambos organismos habría percibido "retribuciones por conceptos no incluidos en su contrato laboral ni en el convenio aplicable a dicho contrato" y sin existir tampoco una aprobación de los mismos por parte de la conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

En el caso de Fisabio, la auditoría incluye discrepancias en el gasto de personal previsto para el ejercicio 2022, 16.779.000 euros según lo estipulado en los presupuestos, y el gasto real que fue de 17.429.000; existiría una desviación de 650.000 euros de sobrecoste. Además, la auditoría indica que conviven cuatro convenios de personal distinto y que no hay indicios de haberse formalizado un nuevo convenio colectivo, así como que la dirección general del Sector Público y Patrimonio emitió una "propuesta desfavorable" para la propuesta de relación de puestos de trabajo (RPT) para el ejercicio 2022. Por último, observa que "no consta" la emisión del informe de autorización para la RPT de los últimos cinco ejercicios (2018-2023).

Por lo que respecta al instituto de investigación de La Fe, el documento resalta la falta de evidencias sobre la RPT del ejercicio 2022 y, también, que "no consta la autorización por parte de la Dirección General de Presupuestos" en un expediente de altas de personal.

Otros apuntes

La auditoría de la Generalitat Valenciana señala otras dos cuestiones que fundamentan la situación de "callejón sin salida" en la que están inmersas las fundaciones adscritas a la conselleria de Sanidad. La primera de ellas es que "no existe ningún registro ni evidencia" de que la secretaría autonómica anterior remitiera a Hacienda el preacuerdo del convenio colectivo, a pesar de que "se indicó en diversas ocasiones" tanto a las fundaciones como a los representantes de los trabajadores. Y, en segundo lugar, resalta la ausencia durante dos años de un director general en materia de investigación sanitaria, tras la dimisión de Javier Burgos como director general de Investigación y Alta Inspección, la cual tuvo lugar a finales de mayo del 2022.

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