La criminalidad entre los menores de 14 años sigue en aumento y de forma notable por delitos graves

La criminalidad entre los menores de 14 años de la Comunitat Valenciana sigue aumentando "ligeramente" en términos generales. Así lo determina la memoria de la Fiscalía General del Estado en la que se indica que, a pesar de que en el año 2023 hubo un ligero descenso en la criminalidad, la tendencia es alza en los últimos años. Son datos relativos a los expedientes abiertos por la comisión de conductas tipificadas como delitos de la Fiscalía. La cifra de menores condenados se desconoce porque la Conselleria de Serveis Socials no tiene datos al respecto, tal como denunció ayer el Síndic de Greuges, quien ha instado al Consell a recabar estadísticas sobre la incidencia y reincidencia de las conductas delictivas de los menores de 14 años. Sin embargo, desde la Conselleria consideran «desproporcionada» la alerta del Síndic y recuerda que los delitos de estos son «inimputables».

El Síndic considera que conocer la situación real y concreta del número de delitos entre los preadolescentes es una necesidad y un requisito imprescindible para poder elaborar un adecuado Plan de prevención de la delincuencia juvenil, al que instan también al Consell, y organizar mejor los Equipos Específicos de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA) y el Servicio de Atención de Abuso a Niños, Niñas y Adolescentes (SAANNA). En su opinión, el documento se debería de elaborar tranversalmente entre los departamentos de Educación y Sanidad, así como los cuerpos especializados de la policía. "Es un paso previo imprescindible para poder planificar y organizar recursos y protocolos específicos de actuación de estos chavales", asegura el Síndic, Ángel Luna. Sin embargo, reconoce que, tras conversaciones con la Conselleria, esta manifiesta "su intención de recoger los datos" al respecto.

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Tendencia ascendente

Los únicos datos, por tanto, que reflejan la evolución de la criminalidad entre los menores de 14 años son los recogidos en el informe de la Fiscalía, en el que se destaca el aumento -ligero, eso sí- en la autonomía valenciana, frente al conjunto nacional en el que las cifras "están estabilizadas". En el año 2023, se abrieron 1.872 expedientes: 1.011 en la provincia de Alicante; 589 en la de Valencia; y 272 en Castellón. Suponen un 9,6 % menos frente al año 2022, cuando se iniciaron un total de 2.079 expedientes; pero un 41 % más respecto al año 2020, aunque cabría suponer que la cifra ese año fue menor debido a la pandemia. El documento sí que reconoce que las cifras son inferiores al año 2017 que califica como momento "de eclosión delictiva". Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), ese ejercicio un total de 2.054 menores fueron condenados -serían muchos más, por tanto, los expedientes abiertos- por un delito, aunque la estadística recoge a los menores hasta los 18 años.

La Fiscalía alerta de que "sí que aumentan de forma notable" las figuras delictivas concretas graves, especialmente en las poblaciones o concentraciones urbanas grandes en las que reinciden los comportamientos delictivos. Por delitos tipificados, el informe destaca el crecimiento de las infracciones de violencia intrafamiliar, de conductas contra la libertad sexual y relacionadas con el acoso escolar a través de las nuevas tecnologías.

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"Escasa" inversión en prevención

El Síndic de Greuges denuncia también la "escasa inversión realizada por la Conselleria en la prevención de la delincuencia juvenil" y resalta que el ente solo ha impulsado un único programa anual -lleva por nombre "Conviviendo"- dirigido a las familias de los menores condenados por conductas ilícitas o delictivas, con un presupuesto a la baja en los últimos tres años. En el 2021, se destinaron 9.377,69 euros y, en 2023, 6.776,59 euros; un 28 % menos.

Otra de las recomendaciones del Síndic es "intensificar" las acciones formativas dirigidas al personal de los servicios de atención a los menores delincuentes, así como al de Servicios Sociales de las entidades locales que, en muchas ocasiones, son las primeras en atender a los familiares de los menores condenados.

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