Multas de hasta un millón contra la piratería industrial y la falsificación

Copiar o falsificar productos industriales, o intentar introducir en el mercado artículos que no tengan las garantías mínimas de seguridad saldrá mucho más caro en la Comunitat Valenciana en un plazo cercano. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció ayer la modificación de la Ley del Estatuto del Consumidor, para elevar hasta a un millón de euros la cuantía de las sanciones. El objetivo de la medida, señaló, es incrementar la protección de los productos de las industrias tradicionales como el juguete, el calzado y el textil, disuadiendo a posibles falsificadores a través de la elevada cuantía de las multas.

Así, la idea es que una sanción leve comporte una pena económica de hasta 10.000 euros, mientras que las graves se elevarían a 100.000 y las muy graves pasarían a sancionarse con 1 millón de euros como tope máximo. Mazón añadió que el objetivo es desarrollar el cambio legislativo a lo largo de este año, de forma que las nuevas multas entren en vigor el 1 de enero de 2025. Con ello, según el jefe del Consell, «no va a salir barato poner en riesgo la salud» de los consumidores, especialmente la de los niños en el caso de los juguetes, ni tampoco «nuestros sectores tradicionales», que con frecuencia deben enfrentarse a la «competencia desleal» de estos productos fraudulentos.

Mazón realizó este anuncio en Ibi, acompañado de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, durante la visita que ambos han realizado a una empresa dedicada al reciclaje de materiales plásticos. En el transcurso de este acto institucional se procedió a la destrucción de un total de 1.214 juguetes introducidos de manera irregular en el mercado, en concreto muñecas, de procedencia asiática y que no cumplían con los estándares de calidad y seguridad que marca la Unión Europea. De esta forma se quiso ilustrar también la labor que se realiza en la persecución y retirada de este tipo de productos fraudulentos.

El presidente de la Generalitat hizo hincapié en que este era un «motivo importante» para visitar Ibi, donde la industria del juguete sigue siendo toda una seña de identidad y cuyas empresas, por lo tanto, sufren de una manera muy directa las falsificaciones. Un problema, reiteró, que «pone en riesgo la salud de nuestros niños y niñas». Mazón elogió la calidad de las industrias tradicionales de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunitat Valenciana, que «están compitiendo con innovación y en igualdad de condiciones, de manera leal». Además, destacó aspectos como el diseño o la protección al consumidor.

«Ya es hora de la equidad, de la competencia leal y de proteger los productos de nuestra industria», reiteró, aludiendo también a sectores muy presentes en otros puntos de la C. Valenciana como el mueble o la cerámica. Todos ellos, insistió Mazón, sobresalen por la calidad de los artículos que fabrican. Por ello, consideró que «nos va a salir bien» el hecho de que compitan en el mercado internacional en igualdad de condiciones, en parte gracias a esta política de sanciones mucho más dura.

Para que se pueda llevar a cabo este mayor control, no obstante, será necesario realizar más inspecciones, una tarea que se ha comprometido a impulsar desde la Generalitat. De esta forma, recalcó, «estaremos muchos años más enorgulleciéndonos» de la industria tradicional de la Comunidad Valenciana. Unos sectores que calificó, también de manera reiterada, como «el mejor embajador de la provincia de Alicante y del conjunto» del territorio autonómico. Sin embargo, frente a la competencia desleal, «ni perdón, ni indulto, ni mano blanda».

Entre los defectos susceptibles de hallarse en un producto que ha burlado los controles legalmente establecidos está el que no cumpla con los criterios fijados de calidad o de seguridad, un aspecto especialmente importante en el caso de los juguetes. Pero además se vigila que los artículos importados tengan un correcto etiquetado, cosa que cuando no se cumple es también motivo de retirada del producto del mercado y su posterior destrucción, tal y como se ha hecho este viernes.

Hasta un 700 % más de multa

Mazón recalcó que la Generalitat aplicará este endurecimiento de las sanciones a la piratería industrial mediante la modificación del Decreto Legislativo 1/2019, del 13 de diciembre de aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana. En este cambio se elevarán las sanciones, dando una especial relevancia, según el presidente autonómico, «a los que no colaboren en la retirada de productos o reincidan en ello». Una actitud que, lamentó, desmerece a quienes «sí contribuyen a evitar esta competencia desleal».

Recordó que, con estos cambios, la cuantía máxima de las infracciones leves pasará a ser de 10.000 euros, frente a los 3.005,06 euros actuales. Por su parte, las sanciones graves pasarán de 15.025,30 euros a 100.000 euros, y el importe máximo de las multas muy graves pasará a ser de 1 millón de euros, cuando ahora está en 601.012,10. En conjunto, según Mazón, habrá un incremento de hasta el 700% en el importe de las multas.