À Punt se enfrenta a su primer ‘reset’

Pasar de CVMC y SAMC a CACVSA puede ser, a simple vista, un cambio menor, una mezcla de letras, quizás una estrategia comercial al estrenar nombre; sin embargo, pasar de las existentes Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y Societat Anònima de Mitjans de Comunicació a Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, S.A. conlleva un giro en el modelo para la radiotelevisión pública que se cuela en miles de hogares valencianos y, sobre todo, en su gestión y gobierno, lo que para unos, los partidos del Consell, supone «ganar agilidad y efectividad» frente a un «modelo insostenible», y, para otros, la oposición, es un «asalto político».

En un primer vistazo, la estructura que propone la ley presentada por PP y Vox que se debatirá este miércoles en las Corts pasa de dos empresas —la CVMC y la SAMC— a una sola —la CACVSA—. Es decir, de una bicefalia, con el núcleo de decisión repartido entre un Consejo Rector, con su propio presidente (hoy Miquel Francés) compartido con el director general, (hoy Alfred Costa) a otro donde el principal actor será el director general que deberá rendir cuentas a un nuevo Consejo de Administración, quien previamente lo ha propuesto.

Sobre estos dos organismos pivotarán las decisiones. El Consejo de Administración sustituirá al actual Consell Rector en un cambio que trasciende el nombre. Su composición pasará de 10 a ocho miembros, la mayoría elegidos por las Corts y del que pierden su representación organismos como el Consell de la Ciutadania, el Consell de l'Audiovisual o los sindicatos del ente. Asimismo, frente al Consell Rector que funciona como un «órgano ejecutivo y fiscalizador» con funciones de «gestión y decisión», el futurible Consejo de Administración sería un «órgano de representación» y con potestades «exclusivamente de ratificación de las propuestas de la Dirección General».

Este nuevo director general se convierte en un CEO de la empresa y tiene «todas las atribuciones delegadas sobre la gestión integral» de la corporación. Para los proponentes de la ley, es una forma de «ganar flexibilidad» en las decisiones y los contenidos y evita «problemas de duplicidades y coordinación» mientras que para la oposición retrotrae al modelo de Canal 9.

Advierten de un posible control político ya que el Consejo de Administración es el que propone a este ‘superdirector’, un consejo que será elegido por cargos políticos con posibilidad solo de una mayoría absoluta —que PP y Vox tienen en las Corts— en caso de falta de acuerdo frente a la reforzada de tres quintos.

Mejorar la audiencia

El cambio propuesto por PP y Vox es organizativo —señalan también problemas de adaptación a los controles de Intervención, de «refacturación» y «duplicidad»—, pero también de concepto. Frente a la ley actual, surgida con las sombras del fracaso de Canal 9, el nuevo Consell apuesta por eliminar la regla del tercio de gasto para el capítulo de personal, las referencias al presupuesto mínimo y a los porcentajes de producción propia o en valenciano, cuestiones que consideran una «hipertrofia legislativa» que hacen que la «programación sea muy compleja y poco atractiva».

«La audiencia» se convierte en uno de los motivos que esgrimen fuentes de Presidencia, impulsores de la norma que se ha registrado a través de los grupos parlamentarios, para el cambio de modelo. Consideran que la «falta de flexibilidad en los contenidos produce una ausencia de atractivo en la población», lamentan los «bajos ingresos de publicidad» y que no se haya «creado un sentimiento de pertenencia en la ciudadanía». Sea como fuere, y ante un más que previsible intenso debate, a seis años de su inicio, ÀPunt vive su primer gran reset. 

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