El caso Erial visto para sentencia: Zaplana se reivindica como político y su jefe de gabinete vuelve a incriminarlo

Juan Francisco García señala que no pudo actuar «sin su conocimiento» y revela que le sugirió confesar

«Ha sido un honor dedicarme a la política aunque me haya traído aquí», alega el exministro

Eduardo Zaplana ejerció ayer su derecho a la última palabra, de pie ante el tribunal del caso Erial.

Eduardo Zaplana ejerció ayer su derecho a la última palabra, de pie ante el tribunal del caso Erial. / L.O.M.

El caso Erial quedó ayer visto para sentencia tras dos meses de vistas y veinte sesiones celebradas en la sección cuarta de la Audiencia de València. Justo el día antes que se inicia la campaña de las elecciones europeas. Para lograrlo se celebró una maratoniana sesión de seis horas. Que acabaron con un final épico. Un duelo entre antiguos colaboradores. Con el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, reivindicándose como político y su jefe de gabinete en la Generalitat, Juan Francisco García, afeándole su postura y que haya arrastrado con él a sus amigos y colaboradores más fieles.   

Una imagen que Zaplana intentó desmentir en su alegato final que leyó de unas notas escritas, de pie, ante el tribunal. «Me veo en la obligación de decir alguna cosa para concluir. En este procedimiento que dura más de ocho años se ha querido trasladar una imagen, una idea, meramente criminal de una persona que usa y abusa de sus relaciones personales». Frente a esta imagen Zaplana aseguró que se considera «un buen amigo de mis amigos, siempre sin contraprestación».

Igualmente lamentó que en el juicio del caso Erial haya sobrevolado una imagen de él como «una persona que esconde su actividad y su vida de forma paranoica ante no sé que miedos o amenazas en el pasado pero que, visto lo visto probablemente me tuvieron que preocupar. Todos mis bienes son los que se analizan en la pericial económica [aportada por él]. No hay más». 

De hecho ha defendido que «ni en los momentos más complicados de mi enfermedad, -por cierto, no me transplanté en Houston, lo hice aquí en La Fe de València- no relaté otra cosa en mi testamento que aquello que existía porque jamás tuve otros bienes que los que allí reflejé». Y que, continuó, «después de los registros, comisiones rogatorias, seguimientos, escuchas y nueves meses en prisión insisto en lo mismo que dije en marzo de 2019 cuando salí de la cárcel [aunque quedó en libertad el 7 febrero de 2019]: 'No he cometido ninguna ilegalidad al frente de la Generalitat y no he tenido nunca dinero en el exterior. Y lo reitero en la conclusión del juicio». 

El exjefe del Consell también ha querido explayarse en su etapa al frente de la Generalitat, lo que le ha valido un apercibimiento del presidente del tribunal y de la sección cuarta, el magistrado Pedro Castellano. Aunque Zaplana ha continuado.

«Estos días escuchando los relatos ha sido imposible no recordar los tiempos dedicados a la vida pública y política que coinciden con la investigación que ha usado material privado como mis agendas. Los recuerdos gratos superan a los ingratos. Unos y otros los he afrontado con responsabilidad y la mayor dignidad posible». De ahí que, concluyó, «en esta etapa tan difícil para mí, manifiesto mi satisfacción y orgullo por mis años de dedicación a la vida pública y a la presidencia de la Generalitat. Para mi fue un honor dirigir equipos de personas que entregaron lo mejor de sí mismos. Ha sido un honor y un privilegio dedicarme a la vida política aunque su ejercicio me haya traído aquí. Aunque de que yo esté aquí no tiene culpa la política», concluyó. 

Un alegato que recibió una enmienda a la totalidad de Juan Francisco García Gómez, su amigo «desde hace cuarenta años» y jefe de gabinete de Zaplana cuando presidió la Generalitat. Y que decidió intervenir tras las declaraciones del abogado de Zaplana en su informe. «Las entiendo pero no a costa de vertir afirmaciones falsas sobre la veracidad de mis declaraciones: todo lo que declaré es absolutamente verdad. No son interpretaciones, ni elucubraciones, ni aseveraciones sobre aspectos que no haya conocido».

García Gómez reiteró su acusación al amaño del contrato de las ITV. «Desgraciadamente participé en hechos de los que me he autoinculpado como medio de reparar el daño causado y como parte de la justicia restaurativa. Todo es absolutamente cierto. Respeto que diga que son poco creíbles. Pero quiero estar tranquilo con mi conciencia para que nadie piense que he mentido o he sido inmoral».

El exjefe de gabinete puso en duda la explicación que deslizó el abogado de Zaplana. «Tiene poco sentido común que yo le regalara a Zaplana dos millones de euros y que le pidiera que los titularizara. Esa versión se cae por su propio peso. [Él] Era mi superior jerárquico en la Generalitat. Es difícil entender que yo realizara operaciones al margen de su conocimiento. O al menos debería asumir la culpa in vigilando. Eran actuaciones de un alto cargo del PP [Zaplana] y de un alto cargo de la Policía [Juan Cotino] que tenia acceso directo al presidente de la Generalitat. No tiene sentido pensar que yo hice algo sin conocimiento de él. Al final esos fondos eran de la familia Cotino y Barceló era el administrador para realizar inversiones». 

También desmontó la acusación de «clandestinidad» de los acuerdos con Anticorrupción. Detalló que se reunió con Zaplana en el domicilio de su hija y «otra persona acusada». «Y le expliqué que iniciaba, por indicación de mi abogado, un proceso de acuerdo de conformidad y que como amigo suyo le sugería que el podría hacer lo mismo. Que pensara en él, en su familia, en Mitsouko, Elvira y Saturnino o Paco El Gasofa, porque la suerte de todos ellos iba a estar ligada a la de él. No reproduciré su contestación. Sólo diré que dijo que no». 

«Ser secretaria es una profesión de alto riesgo y con responsabilidad penal»

La maratoniana sesión con la que acabó el juicio del caso Erial acogió el informe final de seis abogados y abogadas de otras tantas personas acusadas que niegan los hechos y pidieron ser absueltos. También informaron los letrados de dos de las personas jurídicas acusadas y de una beneficiaria a título lucrativo.

La más concisa, detalle que agradeció el tribunal, fue la letrada Carmen Gallego Chinillach que ha representado Mitsouko Henríquez, la secretaria de Eduardo Zaplana durante treinta años. «El único delito de mi representada es haber sido secretaría durante treinta años del señor Zaplana de los que 20 son objeto de investigación». Ironizó que los hechos que se le imputan son «extralimitarse en sus funciones de secretaria. Hacía todo lo que el señor Zaplana le indicaba: gestionar emails, documentación, hacer reservas. Eso no es ser secretaria de ninguna organización criminal».

El fiscal acusa a Henríquez de recibir el dinero que el testaferro uruguayo Fernando Belhot enviaba a través de cambistas y le pide ocho años de cárcel. « No se ha acreditado ningún encuentro con ningún cambista -defendió Gallego-. Su único delito ha sido ser secretaria, una función de alto riesgo, al parecer, que conlleva responsabilidad penal». 

Francisco Grau, el asesor fiscal de Zaplana, también se enfrenta a ocho años de cárcel. Su abogado, Bosco García de Viedma, también solicitó su absolución porque se limitó a asesorar a Zaplana, su familia política y a su amigo Joaquín Barceló. «Zaplana es un hombre que se dedica a hablar con todo el mundo. Antes por estrategias políticas y después para promover negocios e inversiones». El abogado Saturnino Suanzes, que se ha defendido a sí mismo, rechazó que haya pruebas contra él para ser condenado a cinco años por blanqueo por asesorar a Barceló para recuperar el dinero de Andorra.

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