Levante-EMV, Valencia
El vicesecretario regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, denunció ayer que el PSOE ha «tumbado y enterrado cualquier posibilidad de traer más agentes a la Comunidad Valenciana» y aseguró que el martes en la Cámara Baja «se vivió una maniobra trampa tras la que se esconde la necesidad de tapar la incapacidad» del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para «cumplir sus propias promesas» y «dejar así sin alternativas a los valencianos».
Costa se refirió así, según indicó en un comunicado, a la Comisión de Interior del Congreso celebrada el martes en la que el PSOE e IU «rechazaron de lleno reforzar con un incremento de efectivos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de provincias que, como Alicante, sufren a diario la dejadez del Gobierno». En este contexto, el vicesecretario regional calificó de «maquiavélico» que los socialistas «hayan dado un paso en contra de la tranquilidad de los valencianos» a la vez que añadió que si no ponen los medios «serán los responsables directos de las consecuencias que la no contención de la delincuencia puede acarrear a los ciudadanos de la Comunidad».
Asimismo, para Costa, el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, ha sido «ninguneado, desautorizado y rectificado» por Rodríguez Zapatero y sus compañeros de la Cámara Baja que han dicho «ya alto y claro» que la promesa del presidente del Gobierno de «duplicar los esfuerzos en materia de seguridad para este año se va a quedar en papel mojado».
Así, instó a Pla y a Bernabé a «decirle a la cara a los ciudadanos de localidades como Segorbe, Crevillent, Bejís, Burriana, Canals, Xàtiva o Vilamarxant entre otras muchas que su tranquilidad tendrá que esperar a los gobiernos del PP». Para el responsable popular, «detrás de este movimiento parlamentario está la mano de Zapatero» porque «ésta es su manera de de decir que no cumplirá su compromiso de traer más agentes a la Comunidad».
Críticas de CC OO
Por su parte, CC OO considera necesario abandonar la confrontación política respecto a la seguridad ciudadana, al tiempo que cuestionó la contratación de seguridad privada en los municipios.
En un comunicado se indica que «no se cuestiona el trabajo de los empleados de las empresas dedicadas directa o indirectamente al sector de la seguridad, sino que se exige a las empresas privadas y a los gestores políticos que se mantengan en los límites establecidos por la ley».
«No está entre sus cometidos la defensa y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanasque es lo que corresponde, constitucionalmente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos», se señala.
