El vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, afirmó, en la comparecencia ante los medios de comunicación posterior al pleno del Gobierno valenciano, que el acuerdo se adopta después de que el Ejecutivo estatal no haya atendido las alegaciones planteadas por la Comunitat Valenciana.
Según el acuerdo del Consell, el real decreto 395/2007 de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, "no respeta las competencias autonómicas previstas en el artículo 149.1.7 de la Constitución Española, el artículo 51.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, y el real decreto 1371/1992 de traspaso a la Comunitat Valenciana de funciones y servicios del Estado en materia de Formación Profesional ocupacional".
La Generalitat sostiene que la forma en que el Gobierno ha tramitado esta norma ha sido objeto de rechazo por parte de distintas instancias políticas, y subraya a este respecto que así lo hizo el Congreso de los Diputados, en el marco del Debate de Política General de 2006, que aprobó diversas resoluciones instando al Gobierno a retirar o modificar el texto de real decreto, negociarlo con las comunidades autónomas, e iniciar el traspaso de recursos para la gestión de la formación continua.
Además, alega que el propio Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, en el dictamen preceptivo emitido en marzo de 2007, ya aludió a la falta de acuerdo del Gobierno con las comunidades autónomas en el proceso de tramitación de la norma.
Rambla destacó que, como consecuencia de esta "falta de voluntad" del Gobierno de acordar con las comunidades autónomas el modelo de formación profesional, un total de cinco comunidades han interpuesto requerimiento previo al conflicto positivo de competencias acerca del real decreto. Concretamente, las comunidades que han dado este paso son Cataluña, Castilla León, Galicia, Madrid y la Comunitat Valenciana, recordó.
DEROGACIÓN
En el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno valenciano solicita la derogación del real decreto, y subsidiariamente la adecuación de determinados artículos a la distribución competencial prevista en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía.
La voluntad del Consell es tener capacidad para diseñar y ejecutar sus propios planes de formación para el empleo, adaptados a la singularidad de los sectores productivos de la Comunitat y a las necesidades de formación de sus trabajadores, lo que estima que "ahora no es posible debido a la norma objeto de recurso".
