El Ayuntamiento de Llíria retira el requisito lingüístico para una plaza funcionarial

Antifraude investiga la designación de la vicesecretaria, que no disponía del C1 en Valenciano, y el consistorio explica que se extinguió esa comisión de servicio y se cambió a la funcionaria a un nombramiento provisional

Amparo Soria

Amparo Soria

La investigación llevada a cabo por la Agencia Antifraude tras una denuncia particular sacó a la luz que la vicesecretaria del Ayuntamiento de Llíria, en comisión de servicios, accedió a la plaza funcionarial sin disponer del C1 de valenciano, el nivel Mitjà, que era un requisito señalizado en la Relación de Puestos de Trabajo del municipio. Sin embargo, en el consistorio defienden que esa comisión de servicios se cerró en octubre -una vez se había iniciado la investigación de la agencia- y se habilitó para ella un nombramiento provisional que concedió la Dirección General de la Administración Local, un cargo donde el valenciano ya no es una exigencia.

Así figura también en el informe realizado por Antifraude y señala que ese cambio se produjo el 25 de octubre, tal como señaló la Dirección General de Administración Local. Se produjo una modificación en la relación de puestos de trabajo donde se eliminaba el requisito, "un aspecto que no se encuentra acreditado en el expediente, no se ha adjuntado documentación acreditativa del mismo por parte de la Dirección General de Administración Local, ni el Ayuntamiento de Llíria, ni la persona afectada ha presentado ningún escrito o aclaración al respecto", señala el organismo que dirige Joan Llinares. En el informe se continúa explicando que ese cambio "no afecta al hecho de la ausencia del requisito en el momento del nombramiento".

Sin embargo, en el consistorio edetano, que gobierna Compromís, dan por zanjada la problemática porque esa comisión de servicios se cerró y la funcionaria comenzó a ocupar otro cargo en el consistorio a través de un nombramiento provisional desde donde desarrollar las funciones de la vicesecretaría municipal. Es la misma persona en ambos cargos, pero ahora sin la exigencia de disponer del C1 de valenciano. Además, defienden que el ayuntamiento "sí contestó a los reclamos de la Agencia Antifraude", cerrando el conflicto cuando se extinguió la comisión de servicios que ocupaba.

Además, subrayan que estos nombramientos los realiza el Ministerio de Hacienda y Función Pública ya que esta persona es una habilitada nacional, por lo que el consistorio se desvincula de este nombramiento.