Grietas donde caben varios dedos en las paredes o fisuras en los techos. Son algunas de las incomodidades con las que conviven -y a las que a la vez temen- los vecinos de un grupo de 18 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Sinarcas desde hace ya 28 años, cuando les fueron adjudicados por el ayuntamiento estos pisos, levantados sobre un terreno que posteriormente los técnicos municipales han confirmado que era «no apto» para la construcción. Ni la Conselleria de Vivienda, ni la Diputación de València, ni el propio consistorio local logran darles una solución.
Estas viviendas fueron adjudicadas en 1991 a sus actuales residentes, los cuales aún no cuentan con las escrituras -uno de los motivos por los que siguen inmersos en este viacrucis-. Al parecer, en aquel momento no se realizó el estudio geotécnico necesario con el que se habría comprobado que no se podía construir sobre ese suelo y se habría detenido la edificación de los pisos.
Según relatan los vecinos, al poco de recibir las llaves comenzaron a aparecer los primeros problemas estructurales en los edificios, a los que el ayuntamiento realizó un seguimiento hasta que ya en 2017 se realizó el correspondiente estudio geotécnico. El informe en cuestión señala que en todos los sondeos ejecutados se reconoció una capa de relleno, lo que provoca que sea un suelo no adecuado para cimentar una estructura ya que los terrenos pueden perder sus características geotécnicas por la humedad. El resultado: las grietas y fisuras con que conviven los vecinos de estas 18 VPO. El coste de la reparación se estima que podría alcanzar los 350.000 euros.
Ante ello, la Conselleria de Vivienda y la Diputación de València tienen líneas de subvenciones para poder costear este tipo de reformas. Sin embargo, las ayudas han de pedirlas los propietarios de las escrituras... que no tienen los moradores, que responsabilizan de ello al ayuntamiento.
Asimismo, un último informe de la diputación advertía de que la responsabilidad sobre dichos desperfectos «puede ser exigible hoy en día» al promotor de las VPO, el Ayuntamiento de Sinarcas, en tanto en cuanto se rompió el plazo de prescripción de 5 años desde la calificación definitiva de las viviendas al realizar distintas reformas en ese tiempo. Sin embargo, no obtienen respuesta del consistorio.
«No es determinante»
La alcaldesa de Sinarcas, María José Clemente, señaló a Levante-EMV que ese informe de la diputación que exigiría responsabilidades al consistorio «no es determinante» ya que está escrito en términos de posibilidad. Así, añadió que para que fuera concluyente «los vecinos tienen que demostrar que se manifestaron esas patologías en el edificio antes de esos primeros 5 años». En cuanto a las escrituras, explicó que el convenio que se firmó en 1986 para adjudicar las viviendas presentaba «muchas debilidades», una de las cuales reside en este aspecto. «Las escrituras no las tenemos en el ayuntamiento, ni tampoco ellos, pero según el convenio podrán escriturar los pisos en el momento en que hayan pagado la última cuota, y ya podrán pedir esas ayudas a Vivienda o la diputación», indicó.
«Mi voluntad es que se arreglen las casas, pero no puedo embargar al ayuntamiento a pagar 500.000 euros con solo un millón de presupuesto si además no tengo la garantía de que eso deba pagarlo el consistorio. Si el ayuntamiento lo tiene que pagar, lo hará, pero deberá decirlo un juez», finalizó.
