El grupo municipal socialista de Xàtiva compareció ayer casi en bloque frente al objeto de la polémica para anunciar que ejercerá de acusación popular en el proceso seguido por el juzgado de primera instancia nº 1 de la localidad que investiga el expediente de adjudicación y los sobrecostes de las obras de remodelación de la plaza de toros. Como hasta ahora ha contado Levante-EMV en exclusiva, la magistrada titular que lleva la instrucción del caso mantiene imputados al arquitecto municipal Antonio Vela y a su esposa por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental a raíz de la denuncia de otro profesional que desveló varias irregularidades en torno al proyecto de reforma. La jueza también ha interrogado como testigos al edil de Urbanismo, Vicente Parra, y al alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, para que aclararan la actuación seguida por el consistorio, que abrió un expediente disciplinario a Vela en agosto de 2013 y se personó en el proceso como parte afectada por el presunto daño cometido a las arcas municipales.
El portavoz del PSPV, Roger Cerdà, explicó ayer que, como parte en la causa, la formación pide que la investigación se amplíe y llegue «hasta el final». Cerdà apuntó hacia la «clara responsabilidad política» que a su juicio tiene el equipo de gobierno en la gestión de las obras, que arrancaron en 2005 sin el permiso preceptivo de la Dirección General de Patrimonio pese a que la plaza se sitúa en una zona protegida. Cuando está a punto de cumplirse una década de aquel hito, la actuación ya camina por los 12 millones de euros de inversión pública consumida sobre un presupuesto inicialmente previsto de 6 millones, a falta de completarse la cubrición del coso. Los socialistas solicitaron el pasado viernes la declaración ante la juez que instruye el caso de diferentes testigos cuyo testimonio consideran «trascendente» para «conocer cuál es la realidad de lo que ocurrió». El PSPV quiere que testifiquen también los responsables de CM Arquitectura-CMD, la consultora que, junto a la constructora Llanera y pese a no defender la oferta más rentable para el ayuntamiento, se adjudicó la reforma después de haberse encargado también de redactar el pliego del proyecto, con los informes favorables del arquitecto municipal.
Rus desvincula al gobierno local
La denuncia que motiva la investigación judicial aporta facturas según las cuales Vela habría percibido del citado estudio de arquitectura 6.000 euros a través de una firma particular el mismo mes de la adjudicación de los trabajos, en agosto de 2005. El técnico también dio luz verde al modificado que disparó el gasto en 4 millones (un 67%) ante la necesidad de adaptar el proyecto a las exigencias de Patrimonio, no tenidas en cuenta inicialmente. Los sobrecostes se aprobaron en el pleno sin pasar por concurso, y las obras continuaron con normalidad hasta su inauguración, en la jornada de reflexión de las elecciones de 2007. El Consell Jurídic Consultiu advirtió ese mismo año al ejecutivo de las irregularidades.
Preguntado el lunes por este diario, el alcalde de Xàtiva limitó el proceso judicial abierto a una denuncia entre arquitectos que «eran socios y se pelearon» y desmarcó al equipo de gobierno de la investigación abierta, al afirmar que el ejecutivo aprobó en todo momento lo que los técnicos decían. Rus acusó a la oposición de lanzar críticas sin fundamento.
El juzgado requirió al consistorio el expediente de las obras de la plaza tras una tanda de interrogatorios en marzo. «Lo que queremos es que se aclare y se reclamen responsabilidades, porque detrás de los técnicos hay decisiones políticas», manifestó ayer el edil del PSPV Rafael Llorens.
