La empresa concesionaria de la recogida de la basura de la Mancomunitat de la Vall d´Albaida, Recisa, ha presentado un escrito ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Valencia para solicitar la suspensión temporal del pleito iniciado contra el organismo comarcal por el que reclama una indemnización de 4,1 millones de euros tras ser apartada del servicio de transferencia, tratamiento y eliminación de los residuos de sus 34 municipios.
Estas competencias fueron asumida en agosto de 2014 por el Consorcio de Residuos (COR) después de una prolongada batalla judicial que terminó con la Mancomunitat derrotada en los tribunales. Los cambios en la gestión, avalados por la Generalitat del PP, desembocaron en la modificación del contrato vigente con Recisa hasta 2022, podado de manera sustancial y limitado exclusivamente al servicio de la recogida y el transporte de la basura de la Vall d´Albaida hasta las instalaciones habilitadas por el Consorcio.
Ante este nuevo escenario, que ocasionaba graves perjuicios a la mercantil, Recisa interpuso una demanda de reequilibrio económico de la concesión y reclamó a la Mancomuntiat el pago de 2,8 millones de euros por el lucro cesante del contrato „los beneficios previstos dejados de percibir„ y de 1,3 millones por una serie de inversiones desplegadas y no amortizadas por el ente comarcal. La empresa adquirió unos terrenos en Bufali para satisfacer las necesidades de la Mancomunitat de construir unas instalaciones para el tratamiento de la basura de la comarca. En total, la cuantía exigida por Recisa asciende a 4,1 millones de euros, sin contar los intereses de demora desde el 1 de agosto de 2014 si finalmente la administración fuese condenada. La cifra equivale al presupuesto de la Mancomunitat de un año.
Sin embargo, el nuevo clima de entendimiento entre el COR y el ente comarcal ha conducido a la empresa concesionaria a reconsiderar su pulso en los tribunales. La mercantil pidió el miércoles al juzgado que acuerde el aplazamiento del proceso durante un periodo de 60 días „acogiéndose a la Ley de Ejuiciamiento Civil„ para poder verificar la evolución de los acuerdos adoptados entre ambas instituciones a finales de octubre, que afectan al contrato y a las cuestiones impugnadas en el pleito. Hace un mes, el COR y la Mancomunitat escenificaron la paz con la firma de un convenio que sienta las bases de un nuevo marco de colaboración entre ambos organismos tras 10 años de conflictos políticos, sociales y judiciales.
En virtud del documento, bendecido por el Consell bipartito, el COR se compromete a poner en marcha un nuevo plan de gestión compartida que permita al ente comarcal de la Vall resucitar el Plan de Minimización y recuperar parte de la autonomía perdida en 2014 en materia de transferencia, tratamiento y eliminación de residuos. Así, su concesionaria volvería a gestionar los servicios incluidos en el contrato inicial.
Fin al sobrecoste del transporte El Consorcio que trata la basura de cinco comarcas, además, promete acelerar los trámites para que la planta de residuos propia que demanda la Vall sea por fin una realidad. El convenio también conlleva la instauración de un nuevo modelo de relación entre las empresas concesionarias del Consorcio y la Mancomunitat. Por último, el COR ha incluido una partida en el presupuesto de 2017 para compensar a la Mancomunitat por los sobrecostes en el transporte y la transferencia de la basura hasta la planta de Ròtova, otra demanda persistente del órgano comarcal, que ha de hacer frente a elevados desembolsos reclamados por su concesionaria: más de 600.000 euros en dos años. El contrato no cubre la distancia diaria que efectúan sus camiones. Ahora, la Generalitat plantea que la transferencia vuelva a hacerse en las instalaciones que Recisa mantiene en Bufali, reduciendo a cero el coste del transporte a Ròtova.
