El nuevo colegio Ramón y Cajal de Anna se ha convertido en la pesada roca con la que Sísifo fue condenado a cargar eternamente hasta la cima de una montaña inexpugnable. Cuando las anheladas obras para reconstruir el centro público de educación infantil y primaria habían sido por fin adjudicadas por la Conselleria de Educación después de una espera de diez años plagada de obstáculos y reivindicaciones, una serie de graves defectos detectados por la dirección de obra en el proyecto encargado en 2008 por la empresa pública Ciegsa no solo han echado por tierra las expectativas de iniciar los trabajos antes de acabar 2017, sino que los han aplazado como mínimo un año más.
Fuentes del departamento autonómico que dirige Vicent Marzà confirman a Levante-EMV la paralización de las obras. El motivo no es otro que los sobrecostes del 40% sobre el presupuesto inicial surgidos antes si quiera de comenzarlas, que encarecen la intervención en alrededor de 800.000 euros. La empresa contratista, el gigante Bertolín, comunicó a la administración que no podía cumplir el precio ofertado (2,9 millones de euros) después de descubrir fallos y omisiones de relevancia que afectaban a aspectos clave como la cimentación o los pilares del edificio. El actual tiene una antigüedad de más de 60 años y ha de derribarse como paso previo antes de levantarse el nuevo colegio.
Según explican las mismas fuentes, si el modificado del proyecto hubiera comportado un coste adicional de hasta el 10%, hubiera sido factible aceptar el incremento presupuestario planteado por la constructora. Sin embargo, esta vía no se permite más allá del citado porcentaje, con lo que la única salida pasa por «volver a licitar la obra con un proyecto debidamente adecuado». La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Anna. No en vano, la demanda de de un colegio decente largamente reclamado por la comunidad educativa se ha convertido en el principal caballo de batalla desde hace años.
La conselleria asegura estar «en coordinación» con el consistorio y se compromete a «agilizar» los trámites correspondientes al procedimiento administrativo para que el traspiés afecte lo mínimo posible a la obra. Siendo optimistas, se espera que los trabajos puedan licitarse poco antes del verano de 2018. Claro que los tiempos de la administración autonómica dejan mucho que desear.
La alcaldesa de Anna, Pilar Sarrión, lamenta que la información llega con cuentagotas al municipio, pese a los contactos constantes con la conselleria. «Llevamos desde noviembre peleando por encontrar una solución y aún hoy la adjudicataria no ha confirmado su renuncia (al contrato)», indica Sarrión, antes de recalcar que el ayuntamiento ofreció como «solución intermedia» asumir los sobrecostes del colegio con recursos propios. Sin embargo, la empresa vio la idea demasiado arriesgada, ante la necesidad de disponer de un margen amplio para desarrollar la obra con comodidad por si surgen nuevos problemas o imprevistos.
La alcaldesa de Anna anuncia que la corporación municipal ha exigido «responsabilidades» técnicas tanto a la conselleria como a la contratista por no haber advertido antes de los defectos insalvables del proyecto, que obvió elementos básicos y no contempló, por ejemplo, la necesidad de un vallado perimetral. «No entendemos como ni los técnicos de la Generalitat ni los de la adjudicataria han detectado nada en todo este tiempo. ¿Cómo es posible?», se pregunta Sarrión. Los profesionales de Educación responsables que no repararon en las anomalías son los mismos que ocupaban el puesto en la época del PP, cuando se diseñó la intervención. El departamento autonómico se ha visto sacudido por las tensiones en el personal propias del cambio de gobierno y la investigación judicial abierta por los desmanes de Ciegsa, la empresa dedicada a la construcción de colegios que acumuló sobrecostes millonarios.
«Todos los expertos a los que consultamos se llevan las manos a la cabeza y nos dicen que lo que ha pasado es increíble», lamenta la alcaldesa. La obra se adjudicó a Bertolín por 2,9 millones de euros (más IVA) sobre un presupuesto inicial de licitación de 4,4 millones, una rebaja que despertó extrañeza en el consistorio. Sarrión está a la espera de mantener una reunión inminente con Educación para conocer más detalles del nuevo procedimiento y desatascar la problemática.
33 empresas optaron a la obra
En cualquier caso, la primera edil confía en que el parón forzado termine salvándose y sirva para que los trabajos se ejecuten «de la mejor manera posible para todos». 33 constructoras de toda España compitieron en el concurso para levantar el nuevo colegio, que tendrá capacidad para 350 alumnos. Los trabajos salieron a licitación en julio de 2016 y se adjudicaron en mayo de 2017. La actuación debía durar 18 meses. Nada más lejos de la realidad.
