El juzgado de lo contencioso-administrativo nº2 de València ha dejado en suspenso el procedimiento iniciado por una promotora de l’Alcúdia que reclama al Ayuntamiento de Vallés una cantidad de dinero dos veces superior al presupuesto municipal, como consecuencia de un programa urbanístico de 2007 que nunca llegó a materializarse. La magistrada del caso ha tomado esta decisión después de considerar que primero debe resolverse el recurso interpuesto por el propio consistorio con la intención de anular y declarar lesivos los acuerdos adoptados en la pasada legislatura, bajo el mandato del PP, que reconocieron el derecho de la mercantil Grup Llar Gestió Urbanística, SL de percibir 173.000 euros por una serie de gastos de tramitación del PAI del Sector Sur- R no justificados.
Aunque se trata de una medida cautelar, el alcalde de Vallés, Javier Sisternes (PSPV), valora el último auto de la jueza como un espaldarazo importante que aviva la esperanza de un posible desenlance del contencioso favorable a los intereses municipales. «Tenemos una espada de Damocles encima con la que el ayuntamiento no puede cargar: de momento respiramos más tranquilos», observa el primer edil.
Antes de valorar el recurso de la promotora, el juzgado deberá entrar en el fondo del asunto y examinar la validez del convenio aprobado por el anterior equipo de gobierno en 2014 que abrió la puerta a la indemnización, rechazada por la actual corporación.
El bufete jurídico externo contratado con ayuda de la diputación concluye que el polémico acuerdo fue «contrario a derecho» y sostiene que la compensación pactada no es procedente porque la urbanizadora incurrió en una decena de incumplimientos del contrato, suficientes como para que el ayuntamiento hubiera anulado el programa y penalizando a la empresa. En lugar de ello, el ejecutivo del PP se comprometió a reembolsar a la mercantil los gastos satisfechos en la elaboración de los documentos del PAI, argumentando que el interés público de la actuación seguía vigente y que los mismos resultaban «útiles y necesarios» para reorientarla bajo la fórmula de gestión directa.
Duplicaba el suelo urbanizado
Los escritos trasladados por algunos propietarios de suelo afectados que advirtieron de las irregularidades de la operación fueron desoídas. Según la actual defensa del consistorio, el convenio se dictó «dentro de un procedimiento caducado» y la cantidad reconocida al urbanizador «no se ajustaba con la proposición jurídica económica» del PAI, sino que facturaba 90.000 euros por tareas cuya realización no se ha acreditado. Tampoco se justificó la necesidad pública del trabajo cuyo abono se estaba pactando. Sisternes alerta de que la «supervivencia del consistorio está en peligro» si triunfa la demanda de la promotora y considera «vital» la última resolución judicial. «La jueza ha visto indicios de lesividad en el convenio. Si finalmente el juzgado nos da la razón, lo declararemos nulo, pediremos que se depuren responsabilidades y estudiaremos exigir una indemnización a la empresa por incumplimientos», sentencia.
Adjudicado en 2007, el PAI Sector Sur-R de Vallés planeaba multiplicar por dos el suelo urbanizado y el número de viviendas de este pueblo de 161 habitantes en plena fiebre del ladrillo.
