El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha reprendido a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives por tardar más de 22 meses en tramitar el expediente de dependencia de una mujer a la que se le ha reconocido una atención residencial en la residencia La Milagrosa de Moixent. La conselleria aún está pendiente de resolver los efectos económicos retroactivos que debe percibir la dependiente por el tiempo transcurrido desde que solicitó la ayuda y Cholbi ha instado al departamento que dirige la consellera Mónica Oltra a que «de manera urgente» dicte la resolución que le reconozca la retroactividad a la demandante.
Los familiares de la mujer dependiente solicitaron en julio del año 2016 el reconocimiento de la dependencia de su madre. Transcurridos 16 meses sin que se resolviera el expediente de dependencia y sin que la mujer ni siquiera hubiese sido valorada, los hijos recurrieron al Síndic de Greuges, que solicitó el informe pertinente a la conselleria. Esta remitía dicho informe en marzo de este año, 2018, señalando que el 7 de enero de 2018 se había resuelto el Programa Individual de Atención (PIA) a la afectada, a la que se le reconocía el derecho al servicio de atención residencial en la residencia PMD La Milagrosa de Moixent, debiendo aportar la mujer un importe mensual de 417 euros por la tasa por la prestación del servicio. Pero la conselleria no incluía la retroactividad en la resolución, señalando que iba a iniciar otro procedimiento para reconocer los recursos económicos que tenía que percibir la dependiente desde que solicitó la ayuda hasta que tuvo la resolución con el grado de dependencia y el PIA.
El Síndic de Greuges recuerda que la ley de dependencia fija un plazo máximo de seis meses desde que los dependientes solicitan la ayuda para que se les resuelva el reconocimiento de la prestación, fijando tres meses para la resolución de grado y otros tres, a continuación de los anteriores, para la resolución del PIA. Además, José Cholbi señala que a lo largo de la tramitación de la dependiente de la residencia de Moixent, la conselleria «ha recabado los datos y la documentación necesarios no solo para fijar el correspondiente PIA, sino también para poder fijar los efectos económicos de la perceptiva retroactividad». Por lo que afirma que el nuevo procedimiento que la conselleria inició tras reconocerle el PIA en enero de este 2018, para establecer la retroactividad, es un procedimiento «innecesario» y que, según el Síndic, «solo contribuye a demorar la efectividad de los derechos de las personas dependientes», y remacha que ese procedimiento es innecesario y contraviene la ley.
Sufrimiento a los dependientes
Ante ello, el Síndic de Greuges insta a la Conselleria d'Igualtat a que en el caso de la mujer de la residencia de Moixent «tras más de 22 meses de tramitación del expediente de dependencia, proceda a dictar de manera urgente la resolución que le reconozca los efectos económicos de la retroactividad de los derechos reconocidos». Cholbi también advierte a la conselleria de la obligación legal de resolver los casos en plazo, ya que si lo incumple «aumenta la incertidumbre por la falta de resolución y amplía aún más, si cabe, el sufrimiento de las personas dependientes y sus familias», concluye.
