Un informe jurídico solicitado con carácter previo validó la potestad del alcalde de Canals y consejero delegado de la empresa pública municipal de Canals, Risoncha, SLU, de contratar la auditoría de las cuentas de 2017 que arrojó indicios de una mala praxis en la mercantil por cuanto obligó a reformular una contabilidad deficitaria que hacía aguas. Los resultados desembocaron la semana pasada en la expulsión del ejecutivo del anterior delegado y portavoz de PSPV, Antonio Orea, una decisión tras la cual el también exconcejal de Hacienda arremetió contra el equipo de gobierno presidido por Ricardo Requena cuestionando de forma abrupta las conclusiones de la auditoría. Las manifestaciones del PSPV han sido ahora rebatidas por la corporación municipal «con contundencia» y «datos objetivos» , mientras continúa el análisis escrupuloso de los resultados antes de determinar posibles acciones legales.

Requena y su equipo no solo recalcan que la contratación de la auditoría fue «totalmente legal» en base al citado informe jurídico, sino que defienden la transparencia de una medida de la que «todos los grupos fueron informados en su momento». El alcalde incide igualmente en la «independencia» del procedimiento y cita el cumplimiento de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, según Directiva 2014/56/UE de 16 de abril de 2014, así como de la Ley de Sociedades de Capital. «El desconocimiento de estas leyes no acredita a hacer acusaciones falsas e infundadas», observan. El PSPV también manifestó que la auditoría era irregular porque solo se centraba en el ejercicio de 2017 «cuando debería prolongarse a los tres últimos años», una afirmación que para el equipo de gobierno «no tiene ningún fundamento jurídico» y que solo pretende «levantar polvo y confundir». «La contratación se hizo para auditar las cuentas de 2017. Por lo tanto, el informe sólo habla de este ejercicio», inciden.

El ejecutivo observa «contradicciones» en la postura de los socialistas, cuando en su comunicado posterior a la destitución de Orea aseguraron que la auditoría analizaba «cuentas ya fiscalizadas favorablemente por la Intervención y la Secretaría General del ayuntamiento, que no pusieron ningún reparo en su día». «¿Para qué se tiene que hacer un informe de los últimos tres años si -según el exresponsable de Hacienda- ya se han fiscalizado las cuentas correctamente?», se pregunta el tripartito integrado por GdC, Compromís y EU, cuyos miembros aprobaron por unanimidad la retirada de competencias a Orea. En la misma línea, los socios enfatizan otra cuestión importante: las cuentas de la empresa pública Risoncha no han sido nunca incluidas en los planes anuales de auditoría de los órganos de control municipal.

Declaración de independencia

El gobierno local desmiente también la supuesta «falta de neutralidad» de la auditoría denunciada por el PSPV, alegando que el responsable del informe había trabajado anteriormente para Risoncha hasta que el propio Orea le quitó funciones. «No es cierto que el auditor designado haya prestado servicios para Risoncha SLU, ni los prestó en el momento presente más allá de la auditoría contratada», asegura el comunicado. Previamente a la firma del contrato de prestación de servicios, todas las partes rubricaron un documento de declaración de independencia conforme a las normas internacionales de auditoría.

Por último, el ejecutivo tacha de «falsa» otra manifestación de Orea cuando dijo que las conclusiones de la auditoría son «poco claras» porque «no se compromete» y «no puede observar ningún indicio de «fraude o deficiencias». «Los informes de auditoría son documentos técnicos regulados por normas internacionales donde los tipos de opinión que puede emitir un auditor están tasados», recuerda el ejecutivo, que ha solicitado distintos informes a los departamentos jurídicos para evaluar las posibles acciones legales y de responsabilidad a emprender a raíz de los resultados de la auditoría. «Si se diera el caso y los informes así lo requieren, este equipo de gobierno no tendrá ningún inconveniente de solicitar las auditorías que sean necesarias. Sean de 3 o 5 años», sentencian.