En 2017, el Ayuntamiento de Moixent llevó a la Fiscalía un cúmulo de presuntas irregularidades en la gestación del PAI de la Cooperativa después de que un informe municipal advirtiera de deficiencias insalvables en el proyecto, en apariencia encaminadas a generar importantes sobrecostes. Mientras la investigación penal en torno a esta actuación urbanística sigue su curso, con el punto de mira puesto en los antiguos técnicos municipales y en el exalcalde Vicent Dubal, un nuevo informe externo de fiscalización elaborado por la empresa auditora Eudita no solo apuntala la existencia de anomalías, sino que las inscribe dentro de una dinámica habitual del consistorio bajo el mandato del PP en el periodo comprendido entre 1997 y 2015. Los incumplimientos normativos en materia de urbanismo se repiten de forma análoga en una decena de expedientes revisados vinculados a esa etapa. El estudio, encargado por el alcalde de Moixent, Teófilo Fito (Ciudadanos), deja en muy mal lugar a sus socios de gobierno y reafirma algunas las tesis que ha venido manifestando la oposición del PSPV a lo largo de los últimos años.
El informe, de 106 páginas, sostiene que el ayuntamiento habría obviado el procedimiento legal en sus intentos de desarrollar 6 sectores urbanísticos, la mayoría de los cuales siguen suspendidos 20 años después de aprobarse el PGOU por una deficiente planificación -agravada por la crisis- que terminó generando una gran conflictividad con los propietarios de terrenos y las empresas.
La primera «ilegalidad», según la auditoría, consistía en otorgar «a dedo» la redacción de los proyectos y sus correspondientes direcciones de obra a los propios técnicos municipales del consistorio de Moixent, «prescindiendo totalmente de cualquier procedimiento de adjudicación». Como ya señaló otra firma jurídica, quienes ocupaban los puestos de arquitecto técnico, ingeniero municipal y arquitecto municipal habrían incurrido en presuntas incompatibilidades por ejercer de juez y parte en los programas urbanísticos, «comprometiendo su independencia e imparcialidad». Uno de ellos ejerce ahora mismo como arquitecto en el Ayuntamiento de Xàtiva. Otro técnico participó en los proyectos y en la dirección de obras pese a no estar legitimado para ello por haber redactado el Plan General.
Varios informes coinciden en que los errores, omisiones y deficiencias eran la tónica general de los proyectos redactados por los técnicos. Esta circunstancia obligaba a aprobar modificados posteriores que derivaban en retasaciones de cargas y sobrecostes de hasta el 70% sobre el precio inicial de las obras, un «método de trabajo» que en ocasiones disparaba la partida dedicada a los honorarios de los propios técnicos.
Modificados bajo sospecha
La auditora radiografía la misma praxis en otras cinco obras correspondientes a la mejora de instalaciones deportivas en Moixent, donde también se observan «irregularidades», «modificaciones del contrato» y desperfectos de los que se responsabiliza «a los técnicos y a los representantes del consistorio». En las adjudicaciones eran premiadas las empresas que ofertaban precios muy bajos y proponían mejoras que, como cuestiona el informe, repercutían en un incremento de los honorarios percibidos por los técnicos.
Los olvidos básicos y fallos en los proyectos de urbanización de las diferentes unidades de ejecución eran clamorosos. Una «práctica habitual» de los redactores era elaborarlos sin contar con «los informes previos de las compañías de suministros y sin un conocimiento mínimo del terreno», según informó el actual arquitecto municipal en 2017. Fue lo que ocurrió en la UE L'Esport, cuya liquidación final todavía está pendiente 5 años después de la recepción de las obras.
Así, el ahorro de la adjudicación era «absorbido con creces por los imprevistos» que encarecían la actuación y que «perfectamente podrían haberse tenido cuenta en la fecha de redacción del proyecto». Los informes ponen en duda la calidad técnica de los proyectos y apuntan que los modificados iban aparejados de incrementos de los honorarios técnicos. En la memoria de la reparcelación de la UE Passeig l'Estació faltaban muchos datos respecto a las fincas afectadas y las superficies, mientras que algunos expedientes de desarrollo de sectores urbanísticos diferentes estaban calcados entre sí. A veces faltaba documentación o no cuadraban las mediaciones de las parcelas, que se valoraban sin justificación técnica ni estudio de mercado previo.
Eudita advierte de la ausencia de control efectivo de todas estas actuaciones por parte de la secretaría-intervención, que no reparó en las posibles irregularidades. Todo ello, con la crisis económica como telón de fondo, condujo a que las urbanizaciones quedaran embarrancadas sin perspectivas de reflotarse a corto plazo, ocasionando un gran trastorno al consistorio, que trata de recomponerlas. El informe de fiscalización da argumentos al ayuntamiento para mantener suspendido el pago de los honorarios que los técnicos reclaman por vía judicial.
