Ocho años después de la inauguración de la Ciutat de l'Esport, el Ayuntamiento de Xàtiva va a emprender acciones legales por la vía penal contra las empresas adjudicatarias de la construcción y la dirección facultativa de las obras, Acciona e Idom ingeniería, SL, así como contra el arquitecto municipal Antonio Vela, por los sobrecostes irregulares que abocan al consistorio a endeudarse durante diez años con la suscripción de un préstamo bancario de 1,8 millones de euros. Esta cantidad ha de ser abonada a Acciona antes del 30 de junio en virtud del último pronunciamiento del Tribunal Supremo.
La querella criminal que interpondrá el ayuntamiento en el juzgado se sustenta en un informe de los servicios jurídicos municipales que apunta a la posible perpetración de hasta cuatro delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público, estafa y apropiación indebida a raíz de unos sobrecostes que «no fueron objeto de ningún expediente de modificación del contrato», dado que el mismo «hubiera resultado improcedente, a la vista de los informes emitidos por los técnicos municipales».
El abogado del ayuntamiento hace hincapié en que el contratista (Acciona) y la dirección facultativa (Idom) se habrían aliado «para llevar a término su propósito de incrementar el precio del contrato, tratando de dar apariencia de legalidad y presentando una certificación final de obra que pretendía conformar la liquidación del contrato y que suponía un incremento del 9,9% del precio inicial, en base a la alteración del número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones». «La vicesecretaría y el director del área de Fomento detectaron que dicha certificación final-liquidación no era sino un intento de fraude, puesto que se incluían nuevas unidades de obra distintas de las previstas en el proyecto», ahonda el informe jurídico.
Durante la pasada legislatura, el gobierno de Alfonso Rus se negó a pagar los sobrecostes a Acciona y contrató una auditoría externa que concluyó que en la Ciutat de l'Esport se habían certificado obras no ejecutadas y que la liquidación presentada por la constructora no era correcta, tras apreciar un saldo favorable al ayuntamiento de 57.805 euros. En sede de contenciosa, sin embargo, el consistorio fue condenado a pagar por los sobrecostes, al aplicarse la teoría del enriquecimiento injusto. Para el abogado de la corporación, la condena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia en 2018 «no tuvo en cuenta la falta de consentimiento de la administración, la vulneración de la ley en materia de contratación, la exhibición de documentos falsos y el engaño para conseguir un lucro indebido a costa del erario público y de los intereses municipales».
El letrado ve opciones de recuperar por la vía de la responsabilidad civil los daños y perjuicios económicos sufridos y propone reclamar responsabilidades penales tanto al contratista y a la dirección facultativa, como al arquitecto municipal «que se prestó a colaborar, emitiendo un informe a sabiendas de que el mismo no justificaba las actuaciones realizadas». El citado técnico, suspendido de empleo y sueldo, será juzgado en junio acusado de los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por otra obra que se saldó con cuantiosos sobrecostes, la de la plaza de toros de Xàtiva.
El equipo de gobierno llevará al pleno de este sábado tanto el inicio de acciones judiciales como la suscripción del préstamo de 1,8 millones a devolver entre 2021 y 2031 para pagar la sentencia de la Ciutat de l'Esport. En la comisión de Hacienda, ambos acuerdos se aprobaron por unanimidad. También el PP votó a favor. La justicia ha reconocido de momento a Acciona el cobro de 24.125 euros por las obras de reparación de desperfectos surgidos nada más inaugurarse el complejo deportivo, además de otros 670.021 euros por trabajos realizados por orden de la dirección facultativa al margen del proyecto original y el posterior modificado, otros 375.667 euros por obras ejecutadas y recogidas en un proyecto complementario y 62.550 euros más correspondientes al equipamiento de un campo de minigolf fantasma que nunca llegó a construirse.
Estas cantidades, a las que hay que sumar 443.000 euros en intereses de demora, podrían verse aún más incrementadas a la espera de que el Supremo resuelva sobre otra reclamación adicional que hace la constructora por una revisión de precios que cifra en 672.000 euros. «Los ciudadanos de Xàtiva tardaremos una década en pagar el despilfarro de dinero público», ha lamentado el concejal de Hacienda, Ignacio Reig.
