La lucha en la que lleva embarcado desde hace 9 años el empresario Antoni Juan para reabrir el salón de banquetes La Serratella en Aielo de Malferit no se detiene ni mucho menos con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le ha denegado el certificado de compatibilidad urbanística solicitado al ayuntamiento para legalizar parte del complejo. El propietario invoca una resolución judicial firme dictada con anterioridad por el Tribunal Supremo en un proceso paralelo favorbale a sus intereses para defender que la reactivación del negocio está ahora mucho más próxima.
El Alto Tribunal inadmitió en diciembre el recurso de casación del dueño de un negocio hostelero colindante cuya denuncia desencadenó el cierre de La Serratella. El demandante reclamaba el derribo total y la anulación de todas las licencias del salón de banquetes, pero sus pretensiones fueron desestimadas por el TSJ, que lo condenó en costas. La sección 1ª de lo contencioso concluyó que la mercantil de Antoni Juan ya había cumplido con el proceso de restauración de la legalidad urbanística a la que fue condenada, después de demoler la zona del patio posterior de manzana, una pequeña parte de la edificación ejecutada al amparo de las dos licencias de obra y de actividad que fueron declaradas contrarias a derecho por incumplir las normas urbanísticas, únicamente en lo referente a la altura máxima de la construcción en dicho patio.
Según la resolución firme, el resto de las obras del complejo realizadas al amparo de las licencias «que no fueron objeto de sentencias y que deben entenderse en vigor» se libran del derribo.
El negocio se mudó a Ontinyent
Una vez confirmado el cumplimiento íntegro de la restauración de la legalidad urbanística, el propietario de La Serratella tiene previsto efectuar las gestiones necesarias para conseguir que el consistorio le conceda una nueva licencia para la parte de la actividad que la precisa en el complejo, donde contempla unos trabajos de adecuación con la intención de volver a funcionar lo antes posible. El hostelero, que tuvo que trasladar su actividad al Hotel Ferrero de Ontinyent tras el cierre, ha trabajado para competiciones deportivas de alto nivel como el Open500 y pone en valor la creación de empleo en Aielo y la inversión depositada en el negocio. Juan asegura que el calvario judicial y el laberinto burocrático que lo enfrenta a la administración podría haberse evitado si se hubieran aceptado unos informes y estudios que abogaban por reordenar la volumetría del complejo o por modificar las normas subsidiarias para resolver la problemática urbanística del edificio, fuera de ordenación. «El ayuntamiento optó por la solución más drástica», asegura el empresario. «Durante las obras seguí las indicaciones del consistorio, pero cuando hubo una denuncia se desentendieron», mantiene.
