El juez fija una indemnización de 532.000 euros para la empresa de la basura de la Vall d'Albaida

La sentencia, con todo, ha sido acogida como «una muy buena noticia» en la Mancomunitat, puesto que desestima el grueso de las pretensiones económicas de Recisa. La firma reclamó en 2015 por vía judicial el cobro de una compensación de 4 millones de euros por «el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión»: 2,8 milones por la disminución en el margen bruto de explotación y 1,28 millones por la pérdida de inversiones a raíz de la compra de terrenos y otros trámites ligados a una planta de residuos que nunca llegó a ejecutarse.

La empresa denunció que la retirada del grueso de prestaciones en el marco del Plan de Minimización de la Vall d'Albaida le privó de una parte sustancial de sus ingresos. La Mancomunita desestimó la compensación solicitada por Recisa, aunque se avino a fijar una indemnización máxima calculada por los técnicos de la entidad, cuyo importe coincide con el determinado en el fallo dictaminado por el juez José Fenellós, de modo que la resolución entra dentro de las previsiones manejadas por la institución que preside en funciones Vicent Gomar y no supone una gran sorpresa. «La sentencia es un éxito total para los intereses de la Mancomunitat. Podría haber sido un desastre, pero la cantidad es la que habían dicho nuestros técnicos, hasta la última coma», afirma el dirigente a preguntas de este diario. Aunque el pronunciamiento judicial data del lunes de esta semana, de su contenido no se dio cuenta en el pleno de constitución del organismo que tuvo lugar el pasado miércoles y que terminó con la investidura fallida del presidente. Gomar asegura que la sentencia no le fue notificada hasta el jueves y sostiene que todavía no ha podido examinarla en profundidad para calibrar una respuesta. En todo caso, avanza la intención de repercutir la indemnización «a la Generalitat o al COR» porque el ente comarcal se vio obligado a modificar el contrato.

Esta decisión, sin embargo, está en el aire. El COR ya ha inyectado a la Mancomunitat más de 300.000 euros por los sobrecostes iniciales en los desplazamientos de la basura, cuando se fijó Ròtova como planta de transferencia para la Vall d'Albaida, y podría no estar dispuesto a poner más dinero. Además, la conselleria y el organismo que gestiona la basura de cinco comarcas han dado el brazo a torcer permitiendo la reapertura de la planta de transferencia de Bufali que gestiona Recisa, en virtud del acuerdo sellado en octubre de 2016 para poner fin a las hostilidades en la Vall d'Albaida.

Sea como sea, la contratista dirigió su reclamación a la Mancomunitat y la sentencia -que no es firme y admite recurso- revoca la negativa de esta institución de abonarla. Pese a la rebaja económica, la condena supondría una gran losa sobre las maltrechas cuentas del órgano comarcal, un año y 4 meses después de que la guerra económica entre las dos partes terminara en una huelga en el servicio de recogida de basura que puso a la Mancomunitat contra las cuerdas. Desde la empresa subrayan que el fallo les da la razón jurídica, si bien prefieren estudiarlo detenidamente antes de pronunciarse y decidir si lo recurren.

La ausencia de planta, decisiva

El juez ve acreditado que el contrato firmado en 2002 entre la Mancomunitat y Recisa -con 20 años de vigencia- se vio «sustancialmente alterado por una decisión imprevisible e inesperada» no imputable al contratista, como fue el cambio legislativo que obligó a agrupar el tratamiento y la valorización de los residuos en el Consorcio de 5 comarcas. Sin embargo, la sentencia subraya que la mercantil no cumplió la parte del contrato consistente en poner en marcha una planta de tratamiento y eliminación propia para la Vall. La ausencia de dicha instalación, además, obligaba a subcontratar a otra firma esos servicicios. Ambas cuestiones son determinantes en la rebaja final del importe del resarcimiento económico a Recisa, de 4 millones a 532.000 euros.