? La sentencia no considera probado que las inversiones reclamadas por Recisa estuvieran afectadas al desarrollo del contrato, puesto que la adquisición de terrenos -en su mayoría en l'Olleria- no sirvió para construir la planta de tratamiento contemplada en las previsiones porque la contratista de la basura no logró las autorizaciones pertinentes de la administración. El juez sostiene que las inversiones no pueden amortizarse en el marco de la concesión como lo estaban siendo antes de la modificación del contrato, un mecanismo mediante el cual Recisa recuperó 1,6 de los 2,9 millones invertidos en un conjunto de parcelas que, según el juez, no le corresponde traspasar a la Mancomunitat, sino que deberían quedar en manos de la empresa.
La sentencia llega en un momento de incertidumbre, puesto que el contrato de la basura caduca en 2022 y algunos municipios habrían manifestado su intención de abandonar la concesión a nivel comarcal para desplegar el servicio con autonomía. Mientras tanto, el Consorcio de Residuos aún no ha renovado a sus cargos políticos tras las elecciones y la planificación de las plantas de tratamiento avanza de manera pausada.
