Trabajadores de la residencia de mayores Gumersinda Martínez de Navarrés han denunciado los problemas salariales que sufren, relacionados con el convenio laboral, así como «un acoso laboral continuado». Señalan que no se respetan las jornadas y horarios „más horas de las conveniadas, sin respetar descansos„, y que los trabajadores sufren la presión de la dirección, llegando algunos a padecer crisis de ansiedad o depresiones, según han puesto de manifiesto.
La residencia Gumersinda Martínez es un centro público dependiente del Ayuntamiento de Navarrés, que rescató el servicio en 2011 después de que la empresa que la gestionaba se declarara insolvente, con una deuda importante e impagos a los trabajadores que hicieron peligrar la continuidad de la residencia. El consistorio rescató el centro, asumiendo su gestión a través de una empresa pública municipal, Sogesna, e inyectando capital para garantizar la viabilidad. Esta estabilidad en el centro llegaba en 2013, con el acuerdo municipal.
Ahora, los problemas vuelven a planear sobre la residencia de Navarrés con la denuncia de algunos trabajadores. Según han expuesto, en la residencia «no se respeta el convenio laboral ni el Estatuto de los Trabajadores», obligándoles a realizar «jornadas maratonianas y sin respetar los descansos establecidos». Añaden que si los empleados se quejan por esta sobreexplotación, se les «presiona» instándoles a que «si no te gusta, ahí tienes la puerta», según afirma un familiar de una trabajadora.
Los agravios a los trabajadores no son solo por la sobreexplotación de las jornadas laborales (turnos y horarios), y aseguran que también sufren problemas económicos con salarios que no se ajustan a su situación. Exponen que desde 2015 se les aplica a los trabajadores el convenio laboral para residencias privadas, pese a que la Gumersinda Martínez es pública, lo que conlleva que perciban entre 200 y 300 euros menos al mes de lo que les corresponde, advirtiendo de que se podría estar incurriendo en un «fraude a la Seguridad Social».
Los que han puesto la voz de alarma sobre la situación de la residencia de Navarrés también alertan que al estar gestionada por el ayuntamiento, el centro asistencial se ha convertido en el «cortijo personal» de la alcaldesa, Estela Darocas, a quien acusan de «desviar la gestión de la residencia a una empresa pública [...], desviando los fondos a su antojo, lo que podría incurrir en un delito de malversación, al no destinar los ingresos de la residencia a la propia residencia», aseguran.
Intervención de la Generalitat
Ante esta situación de los trabajadores y al tratarse de una residencia de mayores pública, los denunciantes piden la intervención de la Generalitat Valenciana, y también la dimisión de la alcaldesa de Navarrés.
Este diario contactó ayer con la residencia de mayores Gumersinda Martínez de Navarrés para conocer su versión de los hechos, pero desde la supervisión del centro afirmaron no estar autorizados a hablar de estos asuntos. Conminaron a hablar con la directora de la residencia, aunque según afirmaron, ayer no iba a ser posible ya que no iba a estar en el centro en toda la jornada.
