La empresa propietaria de la cantera de calizas de Bellús tendrá que restaurar los frentes norte y oeste de la actual zona de extracción autorizada antes de poder expandir su actividad hacia el sur. El documento de alcance emitido por la comisión de evaluación ambiental de la Generalitat supedita la ampliación del 53 % de la superficie de actividad solicitada por Cantera La Torreta, SL a la obligación de desplegar una serie de trabajos centrados en la recuperación de los ecosistemas forestales devastados por la mina, ubicada sobre las estribaciones de la Serra Grossa.
El pronunciamiento preliminar del organismo ambiental autonómico hace hincapié en que, a pesar del avanzado estado de explotación de la actual cantera, que lleva en funcionamiento desde 1991 (le quedan entre 5 y 10 años de vida útil), las labores de restauración «apenas se han desarrollado». Por eso, la resolución determina que para iniciar las extracciones en la nueva zona de 11,8 hectáreas que pretende abrir la promotora se requiere «completar la restauración de la zona actualmente explotada en un porcentaje muy elevado». Solo de esta manera quedaría justificada -a juicio de la comisión- las afecciones a espacios de elevado valor paisajístico.
El documento de alcance, que establece los pasos a seguir por Cantera La Torreta, SL para conseguir los permisos de la ampliación, emplaza a la firma a definir un cronograma con el objetivo de compaginar de manera simultánea los trabajos de rehabilitación en la parte vieja con los de extracción en la parte nueva, con tal de reducir el impacto paisajístico. De esta forma, la continuidad de las labores de explotación quedaría condicionada al cumplimiento de las normas de restauración, la cual deberá desplegarse utilizando especies autóctonas forestales propias de la zona para generar una morfología final «armoniosa» con el entorno.
La propietaria de la actividad comenzó en 2007 las gestiones para incrementar la superficie de la mina de Bellús, pero se encontró con una serie de obstáculos que dilataron los trámites en el tiempo. La promotora ha tenido que rehacer sus planes iniciales tras exigirle la Generalitat la exclusión de la nueva zona de explotación de unos terrenos que se vieron afectados por un incendio forestal en 2005. La promotora defiende que los ecosistemas incluidos en la ampliación son «de fácil restauración» y que los ruidos y vibraciones provocados por la maquinaria y las voladuras de la nueva cantera serán puntuales y reducidos y no afectarán al principal núcleo de población más cercano, situado a más de 500 metros de distancia.
Viabilidad ambiental con matices
En la fase de consultas previas a la tramitación del Plan Especial, la administración autonómica ha reconocido su viabilidad ambiental si se introducen una serie de subsanaciones y se aplican medidas correctoras. Aunque al proyecto todavía le queda mucho camino por recorrer, a su favor juegan circunstancias como que se considere un atenuante la preexistencia de la actividad extractiva en la zona desde hace 30 años o que no afecte a especies ni hábitats protegidos. La Generalitat, en cualquier caso, determina que el plan de ampliación debe incluir normas de obligado cumplimiento para reducir al máximo la superficie alterada y degradada con la idea de minimizar los efectos negativos.
Límites definidos para que no se generen nuevos frentes visuales
En la fase de consultas previas a la ampliación de la cantera, el servicio de infraestructuras verdes y paisaje de la Generalitat insta a la promotora a evitar que la nueva zona de explotación rebase la cumbre de las laderas de la Clotxa de la Morera, cuya topografía podría verse alterada. La delimitación planteada por el organismo autonómico obedece a la necesidad de mantener la expansión de la mina en una zona interior de la montaña, impidiendo así que suponga la apertura de nuevos frentes visuales. El servicio de infraestructuras y paisajes también pide a la empresa que justifique la ubicación de la nueva maquinaria de gran porte para evitar un impacto paisajístico negativo en el entorno natural. La inclusión de medidas correctoras y preventivas centradas en la reducción del polvo y el ruido es otro de los requisitos para autorizar el proyecto.
