El Ayuntamiento de Albaida ha iniciado los trámites para declarar lesivo contra el interés general un acto administrativo de hace 11 años que le ha costado al consistorio un duro revés judicial en la pugna con los liquidadores de Construcciones Guijarro por los sobrecostes del PAI residencial La Torre.
En los últimos meses del mandato del PP al frente de la corporación municipal, en marzo de 2011, el equipo de gobierno rechazó la retasación de cargas urbanísticas del sector solicitada por el agente urbanizador, apoyándose en una serie de informes técnicos y jurídicos que apuntaban a que la constructora no había seguido el procedimiento legal establecido, al no haber tramitado en tiempo y forma la modificación del proyecto de urbanización.
Sin embargo, la mercantil presentó un recurso de reposición que no encontró respuesta por parte del consistorio y el litigio acabó en los tribunales. El juzgado de lo contencioso-administrativo nº4 de Valènciafalló en contra de la administración local y anuló el acuerdo que desestimó la retasación de cargas a soportar por los propietarios del sector La Torre. La sentencia, que fue confirmada en junio de 2021 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), concluyó que dicha petición se había aprobado por silencio administrativo positivo porque el ayuntamiento tardó demasiado en resolver el expediente y en notificar su decisión al agente urbanizador.
El fallo inicial fue recurrido tanto por la corporación local como por diversos propietarios afectados por los sobrecostes -que argumentaron que Construcciones Guijarro se encontraba en concurso de acreedores cuando promovió la solicitud- pero todas las alegaciones fueron rechazas. Para evitar tener que asumir las cuantías exigidas diez años después, el pleno municipal de Albaida dio luz verde el jueves por unanimidad a una propuesta avalada por los técnicos municipales que persigue revocar el reconocimiento de la retasación de cargas. Un informe del letrado-asesor jurídico municipal pone de manifiesto que el acto generado por silencio administrativo «infringe el ordenamiento jurídico en diversos aspectos», por lo que aprecia motivos para declarar su nulidad y su carácter lesivo para el interés general. El consistorio de Albaida se agarra a estos argumentos para impugnar los sobrecostes ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Un proceso «largo y farragoso»
El alcalde de Albaida, Josep Albert, recordó en el pleno que el ayuntamiento del PP encomendó a Construcciones Guijarros «otras obras que no tenían que ver con la urbanización La Torre» y la empresa reclamó que se le pagaran. Finalmente, dichos trabajos se incluyeron en los costes del PAI, pero la constructora no se mostró de acuerdo y planteó batalla. «Los técnicos municipales coinciden en que no se le puede conceder el derecho a la retasación por silencio positivo», recalcó Albert, que advirtió de que el procedimiento de lesividad «será largo y farragoso» porque «sabemos cómo de lenta es la justicia para defender el interés general del pueblo».
El PSPV hizo hincapié en que los propietarios afectados del sector La Torre han registrado un escrito en el que muestran su preocupación y preguntan la línea de actuación a seguir. «La retasación resulta muy lesiva para el interés público, sobre todo para los propietarios de la urbanización. Debemos intentar que se anule la sentencia», ahondó el portavoz socialista, Josep Penadés.
En 2014, el Ayuntamiento de Albaida ya se vio obligado a aprobar otra retasación de cargas de 116.750 euros a costear por los propietarios del sector La Torre, a raíz de una sentencia del TSJ que condenó al consistorio a rehacer la reparcelación del PAI para excluir la histórica finca de «El Blanqueo» -incluida por error en el proyecto- cuando las obras de la urbanización ya habían culminado.
