El juzgado de lo penal nº11 de València ha absuelto tanto al alcalde de Benicolet, Mateo Prats (PP), como al exalcalde Antonio Pastor de los delitos urbanísticos y de prevaricación por los que hace dos semanas tuvieron que responder en el banquillo de los acusados a raíz de la denuncia del empresario y exconcejal José Santamaría, que pedía para ellos penas de entre 2 y 3 años de prisión y 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
La causa se abrió hace justo una década, cuando Santamaría se querelló contra Prats y Pastor por la proliferación de construcciones que supuestamente infringían la normativa urbanística de Benicolet y que fueron consolidándose con el tiempo sin que sus promotores obtuvieran el correspondiente castigo. La sentencia, sin embargo, declara probado que los acusados no tenían conocimiento de las obras ilegales y que en todo momento actuaron haciendo todo lo que estaba en sus manos y siguiendo los informes técnicos municipales a la hora de multar y de conceder o denegar licencias.
Tanto los alcaldes como el personal vinculado al ayuntamiento que intervino en el juicio hicieron hincapié en la carencia manifiesta de medios y recursos de la corporación municipal para poder perseguir de manera efectiva todas las obras ejecutadas al margen de la legalidad. Es por eso por lo que los expedientes de restauración urbanística que se abrían se eternizaban en el tiempo, caducaban o no cristalizaban en sanciones concretas. Con 600 habitantes censados en el pueblo, el consistorio de Benicolet no cuenta con ninguna persona encargada de la inspección urbanística ni con Policía Local. Además, los servicios de secretaría-intervención y de arquitectos y aparejadores se limitaban a unas pocas horas a la semana, lo que dificultaba las tareas de supervisión y control durante la época enjuiciada, entre 2007 y 2015.
No se aprecia obstaculización
Tanto Antonio Pastor como Mateo Prats -defendidos por los abogados Mario Mañá, Antonio Sánchez y Agustín Calpe- declararon que tramitaron todas las denuncias que llegaban al ayuntamiento y que nunca adoptaron ninguna resolución en contra de los informes de los técnicos. Ambos, junto a la antigua secretaria municipal Bárbara López Ramón -exalto cargo de la Conselleria de Justicia- coincidieron en descargar parte de la responsabilidad del atasco que había montado en el ayuntamiento a un anterior secretario municipal que falleció ocupando el cargo. Pastor aseguró que cuando llegó a la alcaldía «había un caos administrativo» y que el secretario iba muy despacio, era incapaz de gestionarlo y estaba «desbordado» por la situación. López Ramón subrayó que la cantidad de trabajo era «ingente» y que la falta de medios obligó a pedir auxilio a la Generalitat y a delegar las actuaciones de disciplina urbanística en la administración autonómica porque «no se podía abarcar». La exsecretaria del consistorio de Benicolet aseguró que el alcalde nunca le puso ningún impedimento a la hora de actuar contra las infracciones urbanísticas.
Tampoco apreció ninguna actitud obstaculizadora el responsable de la Conselleria de Territorio que declaró en el juicio que la situación de Benicolet era «excepcional» por la cantidad de obras denunciadas por el mismo particular. El mismo cargo precisó que la Generalitat abrió expedientes aunque muchos se acabaron archivando porque las construcciones eran antiguas.
