El final del año se presenta complicado para el Ayuntamiento de Cerdà si no consigue negociar la resolución de una sentencia judicial que le obliga a pagar unos 60.000 euros por los intereses derivados de la venta de las parcelas para el polígono industrial. El consistorio de la localidad de la Costera busca un acuerdo con la empresa promotora del proyecto después de que una sentencia del juzgado haya dado la razón a la mercantil sobre su reclamación para el abono de los intereses acumulados en los años del anterior gobierno del PP.
El caso se remonta a 2007, cuando la empresa Ommega Mmoe SL reclamó que el coeficiente fijado para el canje de las parcelas no era el debido, y ello suponía, según la mercantil, un perjuicio para sus intereses. El juzgado le dio la razón a la firma y en 2010 condenó al consistorio a abonarle 163.800 euros. El entonces gobierno del PP fue posponiendo el pago y en octubre de 2013 se produjo una nueva demanda para reclamar el pago. En 2014, ante el incumplimiento del gobierno local, el juzgado emitió un auto de ejecución fijando el pago, pero el PP siguió haciendo caso omiso a la resolución judicial, incrementando con ello el pago pendiente.
En 2015, el nuevo gobierno local liderado por el actual alcalde, José Luis Gijón, toma conocimiento de la resolución judicial y se hace cargo del pago. En 2016 se cuantificaron los intereses, pero se tomó como referencia el año en el que el nuevo gobierno recibió la comunicación judicial. Se fijaron unos 15.000 euros en concepto de intereses, que el consistorio ha ido liquidando desde ese año. Pero la empresa reclama los intereses del periodo comprendido entre 2010 y 2015, no asumidos por el anterior gobierno popular. Una cuantía que se eleva a más de 82.000 euros por esos intereses no sufragados. Tras restarle el importe ya satisfecho por el actual gobierno del PSPV desde que se hizo cargo del pago y hasta la actualidad, la cantidad pendiente por los intereses del proyecto del polígono asciende a unos 60.000 euros. La resolución judicial insta al consistorio a liquidar el pago antes de que acabe este año, en unos tres meses como máximo, un plazo que el gobierno de José Luis Gijón afirma que no pueden asumir. «Ahora, cuando nos encontramos a final de año, con el presupuesto prácticamente agotado, es imposible hacer frente a ese pago». El ayuntamiento trabaja con un presupuesto que ronda los 300.000 euros al año —este 2022, de 311.000 euros—, con lo que los 60.000 euros exigidos supondría el 20% de ese presupuesto.
Fraccionar en dos o tres años
Gijón declara que «el ayuntamiento está predispuesto a pagar, y lo hemos demostrado liquidando la deuda estos últimos años, pero nos es imposible un pago tan elevado ahora». Por ello, «con los abogados estamos intentando negociar para fraccionarlo, poder abonarlo en dos o tres años». El alcalde de Cerdà manifiesta que «estamos asumiendo pagos de denuncias del anterior gobierno. Antes de acabar esta legislatura íbamos a liquidar toda la deuda, ya que tras abonar las denuncias solo nos falta el pago a proveedores. Pero ahora esta nueva reclamación trastoca estos planes», lamenta el primer edil de Cerdà.
