La Agencia Antifraude ha concluido la investigación desplegada en el Ayuntamiento de Xàtiva tras la denuncia que presentó el PP en 2021 a raíz de la contratación de la hija del exjefe de la Policía Local por la empresa que gestiona la zona azul y del cobro de una serie de productividades en dicho cuerpo con el informe desfavorable de la Intervención municipal. La resolución hecha pública por el organismo avala las actuaciones del consistorio y no constata ninguna ilegalidad en los procedimientos señalados por la oposición.
En un informe de 87 páginas en el que se detalla la instrucción llevada a término, en cualquier caso, la entidad dirigida por Joan Llinares termina poniendo algunos deberes a la corporación municipal. Entre esas recomendaciones figura la de verificar el cumplimiento de la jornada ordinaria por parte de todos los trabajadores municipales desde el año 2018, después de que en el análisis de la documentación entregada por parte del consistorio se haya puesto de manifiesto que decenas de empleados presentan un "déficit de cómputo horario"; es decir, que tendrían horas pendientes de trabajo que no han cumplido.
El ayuntamiento ya se encuentra inmerso en la elaboración de la información requerida por Antifraude. En un primer momento la Agencia dio un plazo inicial de 15 días para presentarla, pero resultó imposible llevar a cabo la verificación de la jornada de toda la plantilla en tan poco tiempo. La última resolución del organismo ofrece un nuevo plazo de dos meses. En julio, el alcalde ordenó esa misión a la Dirección del Área de Régimen Interior, que en un informe a finales de marzo ya presentó una relación de trabajadores que no habrían cumplido con su jornada ordinaria, en función de los datos de "fichaje" que constan en el terminal municipal de control de presencia, junto a los informes emitidos por los responsables de cada servicio y las justificaciones conferidas a los requerimientos efectuados por el departamento de recursos humanos.
Dicha información preliminar identifica en esta tesitura a 5 trabajadores en 2018, 7 en 2019, 22 en 2020 y 34 en 2021. En buena medida se trata de empleados adscritos a los servicios de aguas potables, parques y jardines y agricultura cuyos horarios resultan más difíciles de cuantificar porque se rigen por un sistema de guardias localizadas y a veces son movilizados en situaciones sobrevenidas de urgencia. La revisión de jornadas también atañe a 21 policías locales entre 2020 y 2021 sobre los que se debe concretar si el leve saldo negativo de horas que presentan se compensó con exceso de tiempo de trabajo diario fichado fuera del horario establecido para cada turno y por intervenciones "sobrevenidas" fuera del cuadrante, sobre todo derivadas de la pandemia.
En su informe provisional de investigación emitido en junio, Antifraude valoró como "importante" que se practiquen "con urgencia" las verificaciones oportunas sobre las jornadas para "evitar la prescripción del derecho a exigir el reintegro, en su caso, de los haberes que se hubieran abonado sin haber cumplido la jornada establecida". Desde el consistorio subrayan que el expediente se está ultimando y se entregará a Antifraude tan pronto como esté completado.
El comisario fue apartado como responsable del contrato de la ORA
Sin embargo, en líneas generales desde la corporación ven respaldada la actuación municipal frente a la denuncia del PP, originalmente dirigida a la contratación de la hija del excomisario de la Policía Antonio Collado -que actualmente desempeña sus funciones en Castelló tras solicitar una excedencia- por la empresa de la ORA siendo éste responsable de la supervisión del contrato. Al respecto, la Agencia aprecia "un conflicto de interés real" debido a la relación paterno filial con un una trabajadora de la mercantil que "puede influir en el desempeño de sus deberes y responsabilidades", por lo que mantiene que este debería haber informado al órgano de contratación de la citada circunstancia.
En cualquier caso, Antifraude hace constar que en julio de 2022 el alcalde de Xàtiva cumplió sus sugerencias y emitió una resolución por la que revocaba y dejaba sin efecto la designación del comisario de la Policía Local como responsable del contrato de la ORA, a tiempo que le ordenó que se abstuviera de mantener cualquier relación profesional con la empresa. Otra recomendación del organismo que el consistorio está en fase de cumplimiento es la realización de un código ético o de conducta para evitar cualquier potencial conflicto de intereses en un futuro.
Frente a la investigación, Collado defendió que no participó en ningún trámite de la contratación de la empresa concesionaria de la zona azul que se llevó a cabo en 2016 y que, aunque figuraba como responsable del contrato desde una perspectiva formal, esas funciones estuvieron delegadas en otros agentes durante su estancia en la Policía Local de Xàtiva. Por su parte, el consistorio subrayó que el posible conflicto de interés no ha generado perjuicio alguno.
Dudas sobre la compatibilidad
La resolución de la Agencia también cuestiona que el citado extrabajador no solicitara la compatibilidad al consistorio para impartir cursos en la Agencia Valenciana de Emergencias, teniendo en cuenta que habría superado el máximo permitido de horas de docencia. Por eso, la entidad pide que se inicien las actuaciones de comprobación y verificación correspondiente en un plazo de tres meses con el objetivo de "regularizar aquello que corresponda", al no haber podido certificar esta circunstancia durante la investigación provisional, puesto que el exjefe de Policía alegó que los datos que se manejaban eran inexactos. En cualquier caso, Collado ha manifestado que ha renunciado al abono de 17 horas de docencia correspondientes a 2021 al haberle informado la Agencia de Emergencias que sobrepasó el límite fijado en 75 horas durante el año pasado. El responsable policial afirma que muy excepcionalmente superó el tope y que lo hacía por una cuestión de "profesionalidad, responsabilidad y vocación de servicio" para completar los programas de los cursos que impartía.
Respecto al cobro de productividades y al uso de la bolsa de horas extraordinarias por parte de agentes de la Policía Local en la que también puso el foco el PP, Antifraude no hace ningún requerimiento al respecto y considera que el ayuntamiento ha seguido los pasos oportunos tras la negociación con el colectivo de trabajadores. De hecho, el comisario jefe advirtió en marzo de que existían unas 200 jornadas pendientes de devolución que el consistorio podría tener que pagar o compensar a la plantilla de la policía por servicios extraordinarios.
