L’Alcúdia de Crespins pide un crédito para pagar la condena por la expropiación de unos terrenos

El Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins ha aprobado este miércoles en un pleno extraordinario la concertación de un préstamo de 1 millón de euros para abonar la penúltima cuota de la sentencia por la que fue condenado hace más de diez años a pagar 3,5 millones de euros al propietario de unos terrenos por una expropiación para un desarrollo proyectado que no llegó a ejecutarse. El consistorio tenía que abonar 432.000 euros al año al propietario, durante ocho anualidades, hasta satisfacer los 3,5 millones de euros de la sanción impuesta, más los intereses, que serán calculados cuando se acabe de pagar el importe principal de la condena. El plazo para abonar la cuota de este 2023 vence el próximo 27 de febrero, de ahí la urgencia del pleno del ayuntamiento para aprobar la solicitud de la póliza.

Con el préstamo de un millón se abonarán los algo más de 432.000 euros del séptimo pago fragmentado establecido por el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en la sentencia condenatoria, así como otros gastos de la gestión municipal. El alcalde de l’Alcúdia de Crespins, Pepe Garrigós, ha explicado a este diario que “hemos solicitado un préstamo de un millón para abonar el pago de la sentencia correspondiente a este año, más otros gastos y si al final de año no hemos agotado todo el importe devolveremos el restante”. Garrigós destaca que “nos quedará el 2024 para acabar de pagar la sentencia por la expropiación, fruto de la mala gestión del anterior gobierno del PP que ha lastrado al municipio, una condena que ha limitado los recursos económicos del ayuntamiento”, ponía de manifiesto el primer edil, que añadía que “con ese dinero se podrían haber hecho muchas cosas para el beneficio de los vecinos y vecinas del pueblo”.

El Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins comenzó en 2017 con el primer pago de la condena impuesta en la sentencia del TSJ. Una deuda con el propietario de unos terrenos rústicos de unos 10.000 metros cuadrados, una finca con una plantación de naranjos, que fue reclasificada como suelo urbano y adquirida por el ayuntamiento para convertirla en una zona verde en las inmediaciones del paraje del Riu Nou. Los terrenos fueron reclasificados en 1995 y cinco años después vencía el plazo fijado para la administración local para ejecutar el desarrollo proyectado sin que se hubiera materializado. El propietario reclamó una indemnización por la pérdida de la finca y el TSJ resolvió en 2011 a favor del vecino. El consistorio alegó contra el fallo judicial en varias ocasiones, apelando a la lesividad de la operación para los intereses municipales y advirtiendo de que los terrenos habían sido incluidos en el catálogo de zonas húmedas protegidas de la Generalitat Valenciana, pero estas vías no fructificaron y el TSJ elevó la sentencia a firme. El tribunal valenciano fijó un calendario de pagos, con ocho anualidades a satisfacer desde 2017. El consistorio ha ido cumpliendo con esos pagos, ahora con un crédito para hacer efectivo pago antes del próximo 27 de febrero, cuando vence el plazo.

Suscríbete para seguir leyendo