El Gobierno descarga en los municipios la gestión de los animales atropellados

Los accidentes de tráfico relacionados con el atropello de animales salvajes han crecido exponencialmente. Cada año se contabilizan alrededor de un centenar de siniestros de este tipo solo en las carreteras de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida.

Al peligro que suponen estas colisiones para los ocupantes de los vehículos y al impacto generado sobre la fauna silvestre se suma otro problema: ¿quién se encarga y qué se hace con los cadáveres de los ejemplares arrollados?

Lo habitual es que cada administración se ocupe de gestionar este tipo de avisos en las vías que son de su titularidad. Los operarios del área de conservación de carreteras de la Diputación de Valencia retiran y asumen el tratamiento de los animales muertos en las carreteras provinciales, mientras que la Generalitat suele hacer lo propio con los tramos viales que tienen carácter autonómico y los ayuntamientos se hacen cargo cuando el trazado es municipal.

La semana pasada, sin embargo, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remitió una circular informativa a los ayuntamientos por cuyos términos circulan carreteras estatales cuyo contenido ha provocado cierta perplejidad e indignación en el ámbito municipal por la manera en que se descarga sobre las administraciones locales la responsabilidad sobre la gestión de los restos mortales. La comunicación pretende clarificar las líneas de actuación a seguir cada vez que se produce un atropello de fauna en vías nacionales para agilizar la operativa.

El atropello de jabalíes deja dos accidentes a la semana en una docena de carreteras

De esta manera, según expone la nota aclarativa firmada por el jefe del área de Conservación de Carreteras de la Demarcación de la Comunitat Valenciana, cuando sea detectada la presencia de animales muertos o sus restos en la calzada o en el arcén de las carreteras por los servicios de explotación y conservación dependientes del Ministerio, estos se encargarán únicamente de señalizar el tramo de carretera afectado y de apartar el animal fuera de la plataforma de la carretera, así como de identificar la categoría a la que pertenece y el término municipal en el que se encuentra, con tal de determinar "la administración local competente para la retirada, gestión y eliminación de los restos mortales".

Alerta vía fax o correo electrónico

Los operarios estatales solo alertarán de la presencia del cadáver, "contactando vía telefónica con la Policía Local o la autoridad competente del término municipal donde haya acontecido el atropello del animal, enviando un correo electrónico o fax en el que se indica el lugar donde se tiene que recoger el cadáver", continúa la circular, que justifica esta forma de proceder por "agilizar la comunicación".

Cuando los animales atropellados sean de compañía, los ayuntamientos se tendrán que hacer cargo si estos no tienen chip o si el dueño no quiere asumir la responsabilidad. Si tienen chip, los servicios de carreteras estatales localizarán al dueño del animal y le indicarán la situación exacta del cadáver para que en el plazo de 48 horas lo retire de la vía pública.

El Ministerio quiere «agilizar la comunicación» enviando «un correo o un fax» con la ubicación de los cadáveres

Representantes municipales consultados por este diario —que prefieren el anonimato— censuran esta nueva responsabilidad en un contexto de «sobrecarga de funciones» de los consistorios pese a que andan muy cortos de recursos y personal. Consideran que el Ministerio se está desentendiendo de la retirada de animales en las carreteras que son de su titularidad.. Algunas fuentes del ámbito local señalan como una "barbaridad" las instrucciones recibidas y creen que pueden "comportar unos riesgos para las personas que han de hacer las funciones de retirada y gestión".

Desde el área de Conservación de Carreteras, en cambio, apelan al cumplimiento de la normativa existente "para evitar riesgos para la salud pública y animal", lo que implica -recalcan- la "coordinación y respuesta eficaz" con las administraciones locales que intervienen en la gestión y eliminación de los cadáveres o cualquiera de sus partes". El Ministerio invoca el Real Decreto 1528/2012, que señala a las comunidades autónomas y las entidades locales como autoridades competentes en materia de subproductos de origen animal como los que se encuentran en las carreteras. Y justifican el envío de las pautas de actuación a los consistorios "a la vista de que en estos supuestos hay que intervenir de una forma rápida y eficaz ante el riesgo que supone para la salud pública y la seguridad vial".

Suscríbete para seguir leyendo