Un camino lleva años cerrado en Bocairent por el riesgo de derrumbe de un molino histórico

El elevado riesgo de desprendimientos en el antiguo Molí de Baix, también conocido como la fábrica de papel de Blanes, condujo en 2018 al Ayuntamiento de Bocairent a cerrar al paso por precaución el camino público del Pla Roig, en el parque natural de la Serra Mariola.

En 2022, el Síndic de Greuges pidió explicaciones a la administración local por el prolongado corte del sendero en este emblemático enclave junto al río Vinalopó a raíz de una queja vecinal. En octubre pasado, el defensor del pueblo valenciano cerró el expediente después de que el consistorio se comprometiera a reabrir en breve el camino tras proyectarse por parte de la dirección del parque natural la demolición de los elementos en mal estado de la edificación en cuestión, con un presupuesto de 37.000 euros.

La anterior queja se cerró ante el compromiso de la administración del parque natural de solucionar el riesgo de derrumbe

Pasados tres meses de la última comunicación, sin embargo, las obras de derribo no han comenzado y el trazado continúa vetado al paso, por lo que el Síndic -a petición del promotor de la queja- reactivó el pasado mes de enero el procedimiento para insistir en el cumplimiento de la resolución adoptada.

En febrero, el Ayuntamiento de Bocairent emitió un informe requerido por la institución en el que recalcaba que el viejo molino no es de titularidad municipal, sino que debe ser la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural y Transición Ecológica la que se encargue de la intervención prevista en su seno. El consistorio ha reiterado en varias ocasiones al departamento autonómico la necesidad de iniciar cuanto antes las obras para poder reabrir el camino, dado el "riesgo inminente" de desprendimientos en la zona.

La conselleria asegura que se están realizando las actuaciones previas para la contratación de la obra y justifica el retraso diciendo que estos trámites son "muy largos"

El 12 de mayo, la conselleria respondió a los requerimientos del Síndic informando de que, una vez confirmada la situación ruinosa del edificio, desde el Servicio de Gestión y Ordenación Forestal se están realizando las actuaciones previas al expediente de contratación de los trabajos, consistentes en la evaluación y el estudio del proyecto básico de derribo y en la elaboración los pliegos y la reserva del crédito presupuestario, "trámites largos en los procedimientos administrativos", según se justifica la administración autonómica.

Un batán del siglo XV

La antigua fábrica de papel de Blanes funcionó entre 1781 y 1943, aunque con anterioridad hay indicios desde el siglo XV de la existencia de un batán textil en este lugar. En el siglo XVII se puso en marcha un molino harinero y en la segunda mitad del siglo XX, una "borrera". El complejo industrial forma parte del monte de utilidad pública denominado Mas de Galbis, perteneciente a la Generalitat. En su día, el Servicio de Gestión de Espacios naturales protegidos encargó un informe para la declaración de estado ruinoso de la fábrica y un proyecto para la demolición de la misma.

Tras examinar el caso de nuevo, el Síndic concluye que el cierre del camino del Pla Roig resulta "razonable" por el peligro existente para la seguridad de los transeúntes, aunque considera que las acciones para erradicar los riesgos y permitir la reapertura "acumulan un largo y excesivo periodo de tramitación y resolución".

El Síndic considera acciones para erradicar los riesgos y permitir la reapertura del camino "acumulan un largo y excesivo periodo de tramitación y resolución"

En junio de 2018, el Ayuntamiento de Bocairent ya instó al Consell a cumplir la obligación de mantenimiento del edificio contemplada en la ley. Por todo ello, el defensor del pueblo valenciano requiere a ambas administraciones que resuelvan "cuanto antes mejor" el problema de seguridad y el cierre al tránsito de un camino público.

También les reprocha que los informes emitidos no se han elaborado en la lengua escogida por el ciudadano que promovió la queja, en este caso el valenciano.

El ayuntamiento y la conselleria están obligados a responder a la última resolución del Síndic en un término no superior de un mes manifestando si aceptan las recomendaciones o no y comprometiéndose a cumplirlas.