Absuelven al exalcalde de la Granja de los pagos sin justificar al prescribir los hechos

El Tribunal de Cuentas ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de la Granja de la Costera contra el exalcalde de la localidad, Juan Carlos Garrido (PSPV), y la exsecretaria municipal, al considerar prescritas las 11 presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública La Granja Desarrolla por las que fueron enjuiciados a raíz de las denuncias del actual equipo de gobierno del PP.

La sentencia del órgano fiscalizador de las cuentas del sector público impone las costas del procedimiento a la corporación municipal de la Granja, habida cuenta de que tanto la Delegada Instructora en la fase de actuaciones previas como el Ministerio Fiscal ya advirtieron de la falta de viabilidad de la pretensión de responsabilidad contable contra los demandados al haber transcurrido "en exceso" el plazo de prescripción de cinco años recogido en la ley.

El consistorio de la Granja mantiene la acusación contra el elxalcalde aunque el fiscal ve el caso prescrito

Los hechos fueron denunciados por el actual alcalde de la Granja, José Miguel Marín, ante la Sindicatura de Comptes, en 2021, cuando las supuestas anomalías señaladas en la empresa pública se produjeron entre 2008 y 2015.

En la demanda formulada ante el Tribunal de Cuentas en febrero, el Ayuntamiento de la Granja pidió que se declarara al exalcalde y a la exsecretaria responsables contables directos de un alcance a los fondos públicos por un importe total de 106.937 euros y que se les condenara a reintegrar dicha cantidad, más los intereses legales correspondientes.

Entre las presuntas irregularidades señaladas por el actual gobierno local figuraba la contratación por parte de La Granja Desarrolla de personal laboral para el ayuntamiento "sin constancia de la prestación de servicios"

El ejecutivo local acusó a Garrido de crear la empresa de capital público 100% municipal "con el fin de utilizarla como instrumento para manejar libremente los fondos públicos municipales", como presidente del Consejo de Administración de dicha mercantil. Entre las presuntas irregularidades señaladas por el actual gobierno local figuraba la contratación por parte de La Granja Desarrolla de personal laboral para el ayuntamiento "sin constancia de la prestación de servicios"; la realización de pagos de facturas "sin justificación de la realización de los trabajos" o la ausencia de ingresos al ayuntamiento por el alquiler de maquinaria y herramientas.

Concretamente, el consistorio denunció 17.146 euros en pagos a operarios sin justificación documental con cheques al portador, facturas sin justificación de 11.615 euros a una constructora, gastos a favor de asociaciones y pirotecnias sin apoyo documental, pagos en dietas y gasolinas por 2.860 € o la realización de una obra de saneamiento sin justificación por 26.778 euros, entre otros supuestos ilícitos.

Antifraude detecta miles de euros sin justificar en la empresa municipal de la Granja de la Costera

La instructora del procedimiento en el Tribunal de Cuentas excluyó del mismo la presunta irregularidad consistente en que el ayuntamiento había dejado de ingresar entre 2010 y 2014 un importe de casi 27.000 € en concepto de arrendamiento de maquinaria y herramientas a la empresa pública, al señalar que la compensación de deudas entre entidades públicas está plenamente reconocida, por lo que rebajó a 80.083 euros el presunto perjuicio para las arcas municipales derivado de la gestión de la firma, que nació con el objetivo oficial de desarrollar suelo industrial y residencial, desplegar acciones sociales y favorecer el desarrollo económico de la localidad.

La representación legal del exalcalde alegó la prescripción de los hechos en el juicio. Garrido defendió que los pagos bajo sospecha «están justificados» y atribuyó la denuncia a una "vendetta personal". La exsecretaria municipal aportó documentación para tratar de rebatir las acusaciones contra ella.

Prescripción del último hecho denunciado

Sobre la prescripción de las supuestas irregularidades, el letrado del Ayuntamiento de la Granja mantuvo en el juicio que la corporación actual no tuvo conocimiento de las mismas hasta que comenzó su mandato en 2019. La representación municipal invocó el informe de la Agencia Antifraude que detectó presuntas anomalías en la gestión de la empresa pública y aludió a la supuesta ocultación "con la que se llevaron a cabo las actuaciones por parte de los demandados", lo que, según el equipo de gobierno, les impidió tener conocimiento de las mismas con anterioridad.

Pese a todo ello, el Tribunal de Cuentas considera "plenamente acreditado" que la última acción presuntamente generadora de responsabilidad contable para los codemandados se produjo el 11 de marzo de 2015, con la firma de un cheque al portador de 48 euros, con lo que cuando se presentó la denuncia ya había prescrito la posibilidad de exigir cuentas por esta vía al exalcalde.

La sentencia del Tribunal de Cuentas puede recurrirse.