El Síndic insta a Enguera a clausurar un establecimiento ilegal de bebidas

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha instado al Ayuntamiento de Enguera a adoptar las medidas oportunas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer efectiva la orden de clausura que pesa sobre un establecimiento público dedicado al suministro de bebidas al por mayor en una calle del núcleo urbano, "de manera que se imposibilite continuar con el ejercicio de la actividad".

La resolución nace de una queja de un vecino que denunció que el local seguía operando pese a arrastrar una medida de cierre dictada por el propio consistorio en diciembre de 2023 en vistas de que el negocio carecía del correspondiente instrumento de intervención ambiental. En dicha notificación se advertía de que si el propietario de la empresa no cumplía lo dictaminado en un plazo de 15 días la administración local adoptaría las acciones oportunas para clausurar el local "a costa del interesado".

Un informe técnico confirmó que el local ubicado en el núcleo urbano no tiene cabida en el planeamiento municipal

El 5 de febrero, el Síndic solicitó al ayuntamiento un informe detallado y razonado sobre los motivos por los que el establecimiento continuaba ejerciendo la actividad. El 22 de febrero, el consistorio respondió a esta petición indicando que había dado traslado a la Policía Local para que hiciera cumplir lo ordenado a partir de un informe técnico que indicaba que la actividad no era compatible con el planeamiento municipal y, por lo tanto, no podía continuar ejerciéndose.

El 20 de febrero, la Policía Local de Enguera dio un plazo de siete días a los propietarios del establecimiento para que procedieran a la retirada del género y demás enseres.

Competencia desleal

En su resolución, el Síndic recalca que, desde el punto de vista económico, el comercio sin licencia afecta negativamente a los comerciantes legítimos que cumplen todas las regulaciones. "La competencia desleal puede reducir los ingresos y afectar a la estabilidad de sus negocios", apunta el defensor del pueblo valenciano, que vuelve a insistir en recomendar a la corporación municipal que vigile el cumplimiento de la orden de cierre.

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