Xàtiva multa a la propietaria de la nave abandonada donde murió un sintecho

El consistorio exige a la empresa que impida el acceso al recinto y consolide los elementos ruinosos de la edificación tras registrarse diversos incendios intencionados en su seno y a la vista del peligro de desprendimientos

La antigua fábrica de ataúdes ubicada en la subida a Bixquert desde la fuente de los 25 chorros.

La antigua fábrica de ataúdes ubicada en la subida a Bixquert desde la fuente de los 25 chorros. / Perales Iborra

Sergio Gómez

Sergio Gómez

El Ayuntamiento de Xàtiva ha sancionado a la empresa propietaria de la antigua nave de fabricación de ataúdes ubicada junto a la carretera que va de la fuente de los 25 Chorros a la urbanización de Bixquert como consecuencia del peligroso estado de abandono que presentan las instalaciones.

En 2021, la fábrica fue el escenario de un triste suceso cuando un chatarrero encontró en su interior el cuerpo sin vida de un hombre desnudo de 40 años de edad, fallecido por causas naturales. El difunto no tenía hogar conocido y solía dormir en el complejo, al igual que otras personas, aprovechando que sus accesos se encontraban libres de obstáculos.

La nave también ha sido objeto de diversos incendios de carácter intencionado en los últimos años. Precisamente, un último fuego provocado en su seno en enero de 2022 condujo al consistorio de Xàtiva a dictar un requerimiento para ordenar a la dueña de la factoría sin uso -que ocupa una extensión de 5.818 metros cuadrados- la ejecución de una serie de obras destinadas a garantizar la seguridad en la parcela en cuestión.

Un informe emitido por la arquitecta técnica municipal tras inspeccionar las instalaciones constató el fácil acceso al recinto desde la vía pública y advirtió de la presencia de elementos constructivos derribados, así como del precario estado del canalón de la instalación de recogida de aguas pluviales y de otras piezas arquitectónicas. A tenor de estas conclusiones, el ayuntamiento requirió a la empresa propietaria, dedicada a la compraventa de activos inmobiliarios, la realización de trabajos encaminados a sustituir o retirar los elementos en peligro de desprendimiento y a limitar el acceso a la edificación para evitar accidentes.

Transcurrido un año de la orden dictada, la arquitecta técnica municipal y el arquitecto municipal de Xàtiva visitaron de nuevo el inmueble y comprobaron que el deterioro de la nave se había acrecentado, a tiempo que se acumulaban los cascotes y la basura por todas partes. El consistorio se dirigió de nuevo a la dueña y le transmitió la necesidad de ejecutar obras urgentes para demoler todos los elementos precarios de las construcciones ruinosas, a retirar los elementos impropios, a dejar toda la zona "limpia y en condiciones óptimas" y a evitar el acceso de personas dentro del recinto.

Planchas metálicas en peligro

Con posterioridad, la Policía Local informó de la voladura de algunas de las planchas metálicas que formaban la cubierta de la zona de estacionamiento de la industria de ataúdes abandonada.

En 2023, la propiedad del inmueble tapió la puerta y la ventana de la oficina para imposibilitar la entrada, a tiempo que levantó un muro de bloques de menos de un metro de altura en el área de aparcamientos. A pesar de ello, un nuevo informe técnico a finales de ese año advirtió de que el acceso desde la vía pública al complejo seguía siendo sencillo para los viandantes de todas las edades, "con el peligro que eso supone".

El conjunto fabril presenta chapas metálicas sueltas e inestables que podrían caer sobre la carretera

Por otra parte, el consistorio observó la presencia de chapas metálicas sueltas e inestables en las distintas edificaciones del conjunto fabril, que podrían caer sobre la carretera, junto con otras "patologías no solucionadas" ya señaladas con anterioridad.

Los técnicos municipales valoraron en 12.241 euros el coste mínimo de la intervención exigida a la propiedad. El pasado 2 de abril, la junta de gobierno local de Xàtiva acordó la imposición de una primera multa coercitiva de 1.224 euros a la empresa, a la que podrían sumarse hasta nueve sanciones por idéntico importe con carácter mensual si no se inician las actuaciones reclamadas de restauración del inmueble, antes de proceder a la ejecución subsidiaria de las mismas.