Hombres maltratados

Es difícil encontrar a alguien que no esté completamente de acuerdo en garantizar una protección integral a los hombres maltratados. Eso a pesar de estar en contacto con muchísimas mujeres feministas a las que algunos acusan con un descaro absoluto de delitos que no cometen y aseveraciones que no hacen. Se las acusa de presentar denuncias falsas a pesar de que los datos objetivos reiteren cansinamente que el 80% de los juicios de las denuncias presentadas en 2023 por violencia de género acabaron con la condena del acusado. Se atribuye un ansia desmedida de oprimir al sexo masculino precisamente a un movimiento social que tiene como objetivo la igualdad de derechos y oportunidades entre las personas y que insiste en la búsqueda de alianzas y complicidades con los hombres.

Ahora también se las acusa, y no solo a las feministas sino a las mujeres en general, de desarrollar conductas agresivas y crueles contra los hombres. Y no de forma aislada si no de forma masiva contra varones que se encuentran desprotegidos ante la ley y ante la sociedad. Es por ello que no tienen más remedio que agruparse en asociaciones para darse apoyo mutuo y recabar así los medios necesarios para sobrevivir. No es ninguna novedad. La diferencia es que la Conselleria de Justicia ha aceptado su inscripción en el registro de fundaciones, lo que implica un menor control en las donaciones y subvenciones que puedan recibir y una fiscalidad más favorable.

El problema no es que existan esas asociaciones, ni siquiera que su existencia sea aceptada y registrada por las administraciones. El verdadero conflicto es su mensaje absolutamente perverso que desarma la lucha que se viene desarrollando desde hace muchos años en este país en contra de la violencia de género.

Es indiscutible que cualquier hombre que sufra violencia tiene derecho a la protección de la justicia en su calidad de víctima de un delito. De hecho, existen leyes que protegen a todas las personas de cualquier tipo de violencia que se produzca en el ámbito público o privado, en el ámbito laboral y también en el familiar. En esta última categoría se incluyen aquellas agresiones producidas en el ámbito doméstico en el que algún miembro de la familia o conviviente es agresor o agredido. Se incluyen también, lógicamente, los casos de violencia hacia los hombres por parte de sus parejas y en todos los casos, las víctimas tienen derecho a contar con una protección ágil y eficaz desde el sistema judicial. Como no podía ser de otra manera. Con todo, en 2022, casi 5.000 mujeres fueron víctimas de ese tipo de violencia doméstica frente a 3.200 hombres.

La violencia de género es otra cosa. Es la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo. Es una violencia estructural, así llamada porque nace de un condicionamiento cultural que niega iguales derechos a las mujeres y las somete mediante violencias de todo tipo. En España desde 2003, 1.254 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, se han dictado casi 800.000 condenas a agresores machistas y se han presentado más de 2 millones de denuncias por maltrato. Casi 60 criaturas fueron asesinadas por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres y otras 410 han quedado huérfanas. Las víctimas de violencia de género cuadruplican a las de violencia doméstica en España como demuestra el INE año tras año.

Se puede y se debe estar contra todas las violencias, pero no todas las violencias son iguales. No tienen la misma causa, por lo que el tratamiento ha de ser diferente. Al ser un fenómeno de dimensiones tan enormes se ha de afrontar con recursos suficientes. Sus efectos son tan devastadores que exigen medidas urgentes. Cuando en este país se había conseguido una sólida unidad de acción, esencial para desarmar a los maltratadores y aislarlos, aparece la ultraderecha negando la existencia de esa violencia específica contra las mujeres, diluyendo esta realidad, restándole relevancia y discutiendo su existencia. Es una mentira imperdonable que pone en peligro muchas vidas al comprometer los recursos necesarios para su protección y supervivencia. Es una competencia tóxica y tramposa, que en realidad esconde su empeño en mantener situaciones de desigualdad en la que viven demasiadas mujeres utilizando la violencia que sea necesaria.

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