Consuelo Císcar irá a juicio por usar el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), que dirigió durante diez años (2004-2014), para promocionar la carrera artística de su hijo Rablaci (acrónimo de Rafael Blasco Císcar). Un auto de la sección segunda de la Audiencia de València, adelantado por la agencia Efe, confirmó ayer la decisión de la jueza de apoyo del Juzgado de Instrucción 21 de sentar en el banquillo de los acusados a la exdirectora del IVAM junto a otros colaboradores.
Supuestamente gracias a los fondos públicos que gestionaba su madre en el IVAM, el escultor Rablaci logró el más difícil todavía y el sueño de todo artista con sólo 21 años: exponer su obra escultórica en Asia, América y Europa entre 2008 y 2011. O allá donde exponía el IVAM, también acababa exponiendo Rablaci, según los indicios recabados por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, la Fiscalía Anticorrupción y la magistrada del Juzgado de Instrucción 21.
Una investigación que, a juicio de la defensa de Consuelo Císcar, ha sido prospectiva. Aunque no lo ven igual los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València que han analizado los recursos presentados por Císcar y dos subalternos contra el auto que los aboca a sentarse en el banquillo de los acusados.
«El auto impugnado narra una serie de contrataciones a cargo del IVAM que pueden haber beneficiado indirectamente al hijo de la investigada, a la sazón directora del Institut [Valencià d’Art Modern]», aseguran los magistrados de la sección segunda. «La pluralidad de casos en los que puede observarse el mismo entramado de relaciones indica las posibles motivaciones ocultas que guiaron los contratos» aderezados con «el proceder irregular en la tramitación administrativa y económica de los contratos» y la «ausencia de una explicación razonable para todas estas irregularidades» llevan a los magistrados avalar el trabajo de la jueza instructora y a mantener el auto que propicia el juicio.
Sin «advertencias de ilegalidad»
A pesar de los indicios recabados (básicamente correos de trabajadores del IVAM que revelan las gestiones para promocionar la carrera internacional de Rablaci) Císcar pretendía que los instructores consideraran estas evidencias como «colaboraciones desinteresadas de sus allegados fuera del horario laboral». Una «sencilla explicación que no puede bastar para eliminar el contenido incriminatorio de dichas informaciones. No se trata de hechos aislados, sino que forman parte de un conjunto de beneficios obtenidos por la directora, procedentes de personas contratadas por el instituto que ella dirigía», responden los magistrados a su recurso.
Císcar también pedía el sobreseimiento de esta investigación porque «nunca hubo advertencias de ilegalidad» por la directora de contratación del IVAM o del consejo rector. Pero los magistrados consideran que la jueza instructora se basa en «criterios razonables» cuando atribuye a Císcar un «papel determinante» en la contratación de exposiciones y la adquisición de obras de arte «atemperando las posibilidades de control efectivo del consejo rector» y ve «repetición de favorecimiento» a artistas supuestamente a cambio de intervenir en la promoción de su hijo.
