La deuda de la Fundación del Valencia, máximo accionista del club de Mestalla, es como una bola de nieve. Su tamaño va aumentando irremediablemente con el paso del tiempo, sin que nadie pueda hacer nada por evitarlo. Ni el propio patronato, ni el Valencia, ni la Generalitat Valenciana ni el acreedor del préstamo (Bankia), a quien el asunto le preocupa cada día más. Desde que una sentencia judicial anuló la condición de avalista de la Generalitat Valenciana sobre ese débito, el banco ve peligrar seriamente el cobro de un préstamo que no para de crecer. De los 75 millones de euros de 2009, dinero con el que la Fundación compró el 70,4 por ciento de las acciones del Valencia para convertirse en propietaria del club, ha subido a los casi 90 actuales. Unos 85 se deben a Bankia y el resto, al Consell, que adelantó en febrero los 4,8 millones de intereses del plazo anterior.

El próximo vencimiento del pago de los intereses a Bankia vence mañana. Otros 4,8 millones a los que la remodelada Fundación tampoco puede hacer frente. Tiene previsto entregar hoy 1,2 millones (un 25 por ciento de lo que debería pagar) y ha comunicado a Bankia que en septiembre le abonará otros 300.000. Es decir: se quedan sin pagar, de momento, 3,6 millones de euros, que serán 3,3 en caso de que se paguen los 300.000 prometidos. La deuda, por tanto, se va hacia los 85 millones con el banco, que intenta judicialmente que el Consell vuelva a ser el garante de aquel préstamo que la extinta Bancaja dejó al Valencia tras la ampliación de capital de 2009.

La Fundación cubrió entonces una ampliación con un préstamo de Bancaja de 75 millones, refinanciado al año siguiente para sumar 5 millones de intereses impagados -el euribor, entonces, estaba más alto-. La Fundación, que entonces presidía Társilo Piles, reconoció entonces no disponer de suficientes ingresos y no pudo hacer frente a los intereses. El club buscó, sin éxito, la manera de ayudar a su accionista sin que se considerara asistencia financiera. No lo logró. Al año siguiente, el patronato tampoco pudo pagar el plazo correspondiente a 2012. Tras varias moratorias, y después de que Bankia se negara a una nueva refinanciación, el gobierno autonómico pagó los intereses por ser avalista, una condición que fue anulada por una sentencia judicial semanas después. Una situación paradójica que todavía no ha quedado resuelta. Está en manos del TSJ de la Comunitat Valenciana, en una causa en la que Bankia pidió personarse para defender sus intereses y que el Consell recurrió.

La denuncia de dos socios y accionistas valencianistas en 2010, al entender que no tuvieron igualdad de condiciones en la ampliación de capital del club, derivó en una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia que anulaba el aval del IVF a la Fundación, lo que provocó que Bankia presentara el pasado mes de abril un recurso de apelación al TSJCV contra dicha sentencia.

Desde la Fundación, los nuevos patronos -presididos por el economista Aurelio Martínez- ya se comunicó a Bankia al principio del verano que sólo podrían pagar una pequeña parte del plazo de los intereses, y que el banco no puso ningún problema. Eso sí, el acreedor necesita que el patronato recupere el aval de la Generalitat Valenciana, un requisito necesario para refinanciar su crédito y el del Valencia, de 250 millones con Bankia.