Puertos del Estado, entidad dependiente del Ministerio de Fomento, dio ayer el visto bueno al Plan de Empresa 2020 de la Autoridad Portuaria de València (APV), que aglutina parte de las inversiones de unos 800 millones de euros -para ejecutar en los próximos años- y que se propone impulsar la adjudicación de la cuarta terminal de contenedores, que construirá y explotará la multinacional TIL (de la naviera MSC). El presidente de la APV, Aurelio Martínez, se reunió en Madrid con el máximo responsable de Puertos de Estado, Salvador de la Encina, para presentar un documento «que ha obtenido luz verde para su ejecución según las previsiones contempladas por la APV».
La sociedad estatal que tutela los grandes recintos de mercancías de España, entre estos los de València, Sagunt, Gandia, Alicante y Castelló, contempla un presupuesto de 826,5 millones de euros para gastos de infraestructuras este año. Estas partidas, que salen de los recursos generados por las propias Autoridades Portuarias, se elevarán a 78,6 millones en el caso de los puertos de interés general de la Comunitat, lo que representa algo menos del 10 % del gasto asignado por el organismo perteneciente al Ministerio de Fomento durante el año anterior.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de València y la conselleria de Agricultura y Medio Ambiente exigen una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y paralizar la expansión del recinto del Grao. Con todo, Puertos del Estado, es decir el organismo controlado por el ministerio del valenciano José Luis Ábalos, considera que la evaluación de 2007 sigue siendo «válida». La APV incluye el citado presupuesto plurianual de 800 millones de euros de inversión en sus cuentas de explotación para infraestructuras como el acceso norte terrestre (corredor València-Sagunt) y las conexiones ferroviarias, entre otras obras. Con todo, el grueso del gasto no se acometerá en 2019. «El Plan de Empresa de la APV se ha elaborado con los criterios técnicos más exigentes para garantizar la ejecución de los programas en materia medioambiental, ecoeficiencia, sostenibilidad y viabilidad económica para amplificar los impactos económicos y sociales de la actividad portuaria en las áreas de influencia de las instalaciones portuarias valencianas», explica un comunicado de la APV. Tras el consenso alcanzado en el encuentro de ayer el Plan de Empresa deberá ser ratificado por el consejo rector de Puertos del Estado y por el consejo de administración del recinto del Grao.
Ahora la APV trabaja en el proceso de otorgamiento de la terminal norte tras seleccionar el proyecto de Terminal Investments Limited, que prevé invertir 1.021 millones de euros para explotar un muelle de 136 hectáreas de superficie y que permitiría a Valenciaport duplicar su capacidad a partir de 2027 al poder albergar hasta 12,5 millones de TEU (unidad de contenedor de veinte pies). Casi el doble que en la actualidad.
Información pública
Valenciaport debe ordenar la publicación del proyecto de ampliación norte en el BOE para iniciar así el trámite de información pública y atender posibles alegaciones. El proceso de ampliación continúa por tanto adelante aunque sin plazos claros para otorgar la concesión, que Martínez preveía realizar a lo largo del último trimestre de 2019. Sea como fuere, la petición del alcalde Joan Ribó, a la sazón consejero de la APV, así como de la consellera Mireia Mollà «inquietan» tanto a la Autoridad Portuaria como al inversor.
Valenciaport clausuró ayer las jornadas Revolución 4.0: La interconectividad y la ciberseguridad, principales desafíos del sector. «Las comunidades portuarias deben pasar de ser estructuras en red descentralizadas a estructuras distribuidas. Eso conllevará la gestión de millones de operaciones de registros de datos y transacciones para poder garantizar la máxima seguridad», explicó Xavier Mulet, jefe de Administración Electrónica y Gestión Documental de la APV.
