"Te verás olvidado por todos, parientes, amigos y finalmente hasta por los propios enemigos, pero no por los acreedores. Por eso trata de contraer todas las deudas que te sea posible para continuar presente en la memoria de los demás". Ya lo decía el escritor Moritz Saphir en el siglo XIX, dos centurias antes de la eclosión de las empresas especializadas en tratar de cobrar a los morosos. Una actividad cuya bonanza económica es inversamente proporcional a la de las familias o empresas objeto de su negocio.

En el caso de países como España el cobro de morosos se ha convertido en una práctica que en ocasiones raya en lo delictivo como consecuencia de la falta de una regulación, como sucede en otros países europeos.

Uno de los ejemplos más claros es el de Francia, donde la apertura de una empresa especializada en el cobro de morosos debe cumplir hasta 14 requisitos y contar con el respaldo de un seguro de responsabilidad civil, estar incluida en una federación profesional que garantice el cumplimiento de un código ético, amén de estar sometida a auditorías independientes. Algo parecido sucede en la mayoría de los países de la Unión Europea, con algunas diferencias en los requisitos. Sin embargo, estos controles contrastan con el vacío legal español. Y eso que hasta el propio PSOE ha llegado a instar al Gobierno una regulación extrajudicial de las deudas.

Esta falta de regulación ha sido la que ha permitido el desarrollo incontrolado de las "agencias de recobro que usan cobradores disfrazados y métodos resolutivos", como las define en su libro Cobro de impagados y negociación con deudores Pere J. Brachfield, director del Centro de Morosología de la EAE Bussines School y vicepresidente de la AEPGC. Una auténtica avalancha de empresas que aprovechan la crítica situación económica -actualmente los índices de morosidad se encuentran en torno al 5,33%-para intentar cobrar las deudas que los acreedores dan por perdidas a cambio de un porcentaje de la misma.

El boom inmobiliario, la compra a crédito de electrodomésticos, automóviles, de productos de ocio, e incluso paquetes turísticos, han llevado a las familias españolas a niveles de endeudamiento a los que no pueden hacer frente. Se ha llegado a dedicar el 60% de la renta bruta disponible al pago de préstamos, cuando los expertos indican el máximo aconsejable sería del 33%.

Esta situación ha llevado a que sólo en la Comunitat Valenciana haya alrededor de 900.000 hogares que no están en condiciones de hacer frente a gastos como la hipoteca, luz, gas o gastos de la comunidad. Pese ha haber caído en los últimos meses a causa de la recesión, la deuda de las familias españolas con las entidades financieras ascendía a principios de año a más de 900.000 millones de euros, de los cuales, 677.000 eran por préstamos hipotecarios.

En este caldo de cultivo se ha activado la imaginación de las empresas para hacer frente a los cobros más difíciles y han crecido los disfraces del frac, de la pantera rosa, de torero,... para poner en evidencia a los deudores en su entorno y, mediante la presión, tratar de recuperar la deuda. Estas prácticas, pese a parecer nuevas, tienen antecedentes históricos, pero a la inversa.

En la Edad Media era el moroso al que le obligaban a pasearse por las calles a lomos de un burro, vestido con una túnica con grandes cruces rojas, recibiendo todo tipo de insultos y objetos como escarnio público.

La práctica del perseguidor disfrazado actual se da de bruces en España con el Derecho Fundamental al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen. De hecho, ya se han dictado sentencias -como la de la Audiencia alicantina favorable al concejal de Cultura de Elx, Antonio Amorós- en las que se ha condenado a la empresa que perseguía al deudor con un disfraz. Incluso el Tribunal Supremo ha calificado de ilegítimo el procedimiento de hacer público en el entorno del moroso que debe dinero, y reclama a los poderes públicos que se regulen estas situaciones, según señala Brachfield.

Pero a estas prácticas de persecución se suman otras mucho más contundentes y claramente ilegales, como las amenazas verbales, e incluso físicas, a los morosos.

No obstante, Brachfield aclara que este tipo de cobradores que utilizan métodos poco éticos o lícitos, sólo suponen un 10% de las empresas dedicadas a cobros; un sector muy poco homogéneo en el que se han colado desde despachos de abogados hasta detectives privados y entidades más profesionalizadas.