Prácticamente cerrada la primera fase de la reestructuración financiera española con la adjudicación de Caja Mediterráneo (CAM) al Banco Sabadell y a la espera de ver qué sucede con el también intervenido Banco de Valencia —pocos dudan de que a no mucho tardar se pondrá en marcha una segunda oleada que implicará a los nuevos grupos constituidos—, se da la paradoja de que la crisis se ha llevado por delante a la casi totalidad de las cajas de ahorros pero no a sus ya casi inútiles estructuras de gobierno. Antes de que el Banco de España interviniera Caja Castilla-La Mancha en marzo de 2009 —una fecha que puede utilizarse como punto de inflexión para el sector— había en este país 45 entidades de ahorros que copaban casi la mitad del negocio financiero. Apenas tres años más tarde, se puede decir que solo quedan dos entidades que sigan operando exclusivamente como cajas de ahorros y son las dos más pequeñas: la balear Pollença y la valenciana Ontinyent.
Las restantes 43 han sucumbido a los nuevos tiempos por distintos motivos. Unas, como la CAM, Cajasur o CCM, fueron intervenidas y han caído en manos de otras entidades —Sabadell, BBK y Cajastur, respectivamente—; otras se integraron en SIP que posteriormente crearon bancos a los que trasladaron el negocio financiero y sacaron a Bolsa, como ha sido el caso de Bancaja con Bankia y su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA); otros grupos no dieron ese paso bursátil pero sí los demás, como los surgidos de la fusión de las cajas gallegas (Novagalicia Banco) o de las catalanas (CatalunyaCaixa y Unnim), prácticamente nacionalizados, o los liderados por Cajastur y Caja Murcia; por último, hay entidades, como la aragonesa Ibercaja o la andaluza Unicaja, que se mantienen en solitario pero que han constituido bancos a los que han transferido su negocio.
De cuarenta y cinco a dos
Todo este proceso, sin embargo, no ha evitado que desaparezcan en su totalidad—ni que se reduzcan, al menos hasta la renovación que debe culminar en 2013— los órganos de gobierno que rigieron a las iniciales 45 entidades de ahorros en aquella feliz y a la postre desventurada travesía que las ha encallado en el cementerio. En efecto, si exceptuamos a Cajasur y CCM —y también a la CAM—, que han desaparecido ya del mapa, las restantes mantienen su estructura de gobierno intacta, a pesar de que, en su gran mayoría, ya no tienen funciones ni capacidad de decisión. Teniendo en cuenta que en el proceso se han producido fusiones clásicas —como Caixa Girona, que fue absorbida por La Caixa, o Caja Jaén, que cayó en manos de Unicaja— en la actualidad se mantienen 35 asambleas con 5.167 consejeros generales, además de los 625 vocales de los distintos consejos de administración, según los datos de un informe de Cinco Días que no menciona expresamente a los también numerosos miembros de las comisiones de control. El rotativo asegura que las dietas que cobran todas esas personas superan anualmente los 15 millones de euros, que es un buen pico siempre y cuando no se lo compare con las indemnizaciones que algunos exdirectivos de esas mismas entidades se han autoconcedido pese a llevarlas a la ruina.
El entramado BFA/Bankia tal vez sea el más emblemático a la hora de valorar esta sobreabundancia. En estos momentos, siguen invariables los órganos de gobierno de las siete cajas (Caja Madrid, Bancaja, Laietana, Rioja, Ávila, Canarias y Segovia) que constituyeron en junio de 2010 el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), al que cedieron todo su negocio, lo que vació de competencias a los órganos de las cajas. El BFA se quedó con los peores activos del grupo y creó un nuevo banco, Bankia, al que cedió la parte del negocio más robusta y que en números era la más abultada. Bankia tiene su propio consejo, que difiere sustancialmente del del BFA y en el que ya quedan pocas personas que también formen parte del consejo de alguna de las cajas fundadoras. Como entidad cotizada —el 48 % de su capital no pertenece a las firmas de ahorros—, tiene su propia junta de accionistas. Es en Bankia donde se toma la práctica totalidad de las decisiones sobre el grupo. Los consejeros de Bancaja, como admiten los consultados, ya no tienen misiones que abordar durante las reuniones mensuales. Tan es así que la comisión ejecutiva, un órgano reducido del consejo que se reunía cada quince días, ya no se convoca. La carpeta de asuntos que tratan los miembros de la comisión de control, no hace mucho de un estimable grosor, ha perdido cualquier envergadura. Pero ahí siguen todos ellos. Al igual que los 200 consejeros generales, que perciben por asistir a cada asamblea una dieta de 240 euros netos y un regalo, además de los costes de transporte y alojamiento de aquellos que acuden desde otra ciudad. Este año, la de Bancaja se ha reunido tres veces.
La Generalitat ha puesto en marcha varias reformas en la legislación valenciana de cajas para adaptarla a la estatal que van a comportar algunos cambios, aunque las estructuras se mantienen. Dada la defunción de la CAM y el mantenimiento de su idiosincrasia por parte de Caixa Ontinyent, las modificaciones afectan en especial a Bancaja. De cara a la renovación de 2013, su asamblea se reducirá de 200 a 100 consejeros generales, el consejo pasará de 20 a 15 vocales y la comisión de control, de 13 a 10. Además y como prueba inequívoca de que el partido gobernante, el PP, es consciente de que ya nada se cuece en los órganos de gobierno de la entidad, ha introducido una enmienda en los presupuestos para 2012 en la que consagra la proporcionalidad política en función de la representación en las Corts Valencianes. Antes, lo habitual era que los populares aplicaran el rodillo y designaran en exclusiva a todos los representantes del grupo de Generalitat, que designa el parlamento autonómico.
Así que, pese a que sus competencias se han reducido a vigilar el 37 % del capital del BFA que posee la entidad y la menguante obra social —se nutrirá de la participación correspondiente en los beneficios del grupo, si bien se esperan años de penurias, dados los activos tóxicos que mantiene el BFA y los 4.500 millones que tiene que devolver al FROB—, Bancaja mantendrá una estructura de gobierno la mitad de grande que la anterior.
Es algo que los consejeros consultados —actuales y pasados— coinciden en rechazar. En su opinión y dado que la ley ya lo contempla, todas las cajas integradas en bancos y, por tanto, Bancaja, deberían convertirse en fundaciones con dos fines: representar la parte de capital que posean y nombrar a sus representantes en el banco y hacerse cargo de la obra social, cuyo patronato, ahora designado por el consejo de administración, se elegiría siguiendo la actual pauta con representantes de los impositores, los empleados, los ayuntamientos, las entidades sociales, la Generalitat y la entidad fundadora, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, emblema de en qué acabará convirtiéndose la caja.
Respecto al primero de los cometidos, las mencionadas fuentes recuerdan que el consejo de Bancaja no ha tenido la menor influencia en la designación del nuevo vicepresidente de Bankia en representación del capital valenciano. El elegido ha sido el expresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, y las negociaciones las han llevado directamente su sucesor Vicente Boluda, el empresario Juan Roig y el presidente de Bankia, Rodrigo Rato.
Federación de cajas
Sea como fuere, los consejeros consultados creen que más pronto que tarde Bancaja acabará convertida en fundación y apuntan que, si el Consell no ha promovido esa vía en la actual ley ni la entidad de ahorros se ha decantado aún por esa solución, es simplemente por motivos «sentimentales o románticos», para evitar mostrar «públicamente que ya no queda nada». Una nada que afecta también a la Federación Valenciana de Cajas de Ahorros, que, sin Bancaja y tras la venta de la CAM, no tendría motivos para existir, dado que estaría integrada solo por Caixa Ontinyent. El defensor del cliente, el secretario general y sus varios trabajadores acabarían por lamentarlo.
Claro que todos los gastos que siguen manteniendo las cajas de ahorros están a años luz de las remuneraciones que perciben los que ahora están al frente de los bancos surgidos de las cajas, como prueba que la cúpula de Bankia —presidente, vicepresidente y consejero delegado— se reparta al año 10,1 millones.
