La aprobación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de la subida de la tarifa del IRPF como decreto ley choca con la doctrina del Tribunal Constitucional de 1997, en la que declaró inconstitucional una medida similar aprobada entonces por el Gobierno de Felipe González.

En aquel momento, el recurso lo presentaron diputados del Partido Popular (PP), encabezados por Federico Trillo. El Tribunal Constitucional recordaba en su sentencia que los decretos ley en casos de urgente necesidad -como el aprobado en el último Consejo de Ministros-, no pueden afectar a "derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución", materias entre las que se encuentran los impuestos. De esta forma, la aprobación debería realizarse mediante ley aprobada en el Parlamento. La situación se resolvió en 1997 aprobándose la subida en el Congreso de los Diputados, algo que es previsible que ocurra también en esta ocasión, cuando la modificación del IRPF se incluya en los Presupuestos Generales del Estado que se aprobarán el próximo mes de marzo.

Por otro lado, la subida del IRPF aprobada por el Gobierno el pasado viernes costará de media 222 euros anuales a cada contribuyente y recaerá en su mayor parte sobre las clases medias y bajas con ingresos por debajo de los 33.000 euros anuales, que representan el 85% de los trabajadores, según datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La modificación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), además, provocará que la anunciada actualización de las pensiones apenas se note en el bolsillo de los jubilados y que en algunos casos se vea incluso neutralizada por la subida de impuestos. Según los cálculos de los técnicos de Hacienda, en España hay más de un millón de pensionistas (el 13,4 % del total) que, al percibir prestaciones por encima de los 22.000 euros durante el pasado año, verán eclipsada su revalorización y terminarán perdiendo poder adquisitivo durante el próximo año.

Reformas "agresivas"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, avanzó ayer que en las próximas semanas el Gobierno adoptará medidas en el ámbito financiero, si bien descartó que vayan a ser aprobadas en el Consejo de Ministros de mañana.

En declaraciones a los periodistas tras la toma de posesión de nuevos cargos de su ministerio, Luis de Guindos excluyó una subida inminente del IVA, aunque siguió sin descartarla en un futuro más o menos inmediato. Sobre el recorte y las subidas de impuestos del pasado viernes, el ministro aseguró que han sido positivamente percibidas en los mercados. A su juicio, estos ven que el Gobierno está cumpliendo con su compromiso de reducir el déficit público al 4,4 % del PIB en 2012, para lo que llevará a cabo reformas estructurales "agresivas".

Entre ellas, el Ejecutivo planea completar la reordenación del sector financiero en los seis primeros meses del año, tal y como anunció Rajoy, en su discurso de investidura. A la reforma financiera se unirá también en las próximas semanas la del mercado laboral, según ha comunicado el Ejecutivo a las autoridades europeas, unas reformas estructurales con las que se trataría de corregir el desvío del 2 % del déficit público de 2011, que supone aproximadamente 20.000 millones adicionales.