La Intervención General de la Administración del Estado ha advertido al juez que investiga las supuestas irregularidades en el Puerto de Valencia de que ha encontrado gastos desproporcionados que incumplen la normativa de las fundaciones. Los interventores apuntalan la acusación contra el presidente del Puerto, Rafael Aznar, en un informe «durísimo». Los auditores han descubierto salarios sin justificar de más de 120.000 euros al año. El informe era la última pieza que esperaba el juez para citar a declarar en calidad de imputados a Rafael Aznar, a los directivos Juan Antonio Delgado e Ignacio Pascual y al técnico del departamento económico-financiero de la APV José Antonio Morales.
La Fundación Valenciaport ha operado en los últimos años como una auténtica agencia de colación de directivos y ex altos cargos del puerto en calidad de profesores de diversas áreas de formación, investigación y cooperación de esta entidad sin ánimo de lucro. El último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas afeó los desembolsos de la fundación en actividades poco relacionadas con la actividad portuaria. Las retribuciones que percibían los profesores de los cursos de postgrado de la Valenciaport ascendían a unos 280 euros por hora.
El titular del juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, Félix Blázquez, pidió hace un año a la Intervención General un informe exhaustivo sobre la fundación. Los auditores han entregado el informe ahora y los resultados son «demoledores». Las conclusiones del documento inciden en que el dinero que pone la Autoridad Portuaria a la Fundación incumple la normativa que rige el funcionamiento de las fundaciones. Los peritos destacan los salarios desmesurados y sin justificar de hasta 120.000 euros año. Además, los interventores desgranan una gran cantidad de gastos que tampoco están justificados.
Fondos públicos
La Autoridad Portuaria de Valencia inyectó 5.313.133 euros a la Fundación Valenciaport entre 2011 y 2013. Los únicos ingresos de Valenciaport que no provienen de la Administración son de convenios universitarios y son fondos residuales.
El Tribunal de Cuentas también censuró que la Autoridad Portuaria desembolsara 8,9 millones de euros entre 2008 y 2009 en aportaciones a fundaciones como patrono. El ente fiscalizador denunció gastos entre 2008 y 2010 de 478.000 euros que no guardaban ninguna relación con la actividad portuaria.
La APV, según la documentación en manos del juez, abonó 171.150 euros a la Cátedra Logística y Transporte Internacional de la Universitat de Valencia; 42.821 euros a los Premios Jaime I-Fundación de Estudios Avanzados y 23.500 euros a la cátedra gestión y desarrollo sostenible en los puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, la Autoridad concedió entre 2011 y 2013 cerca de 15.000 euros a la Junta Mayor de la Semana Marinera; 4.800 euros a la Hermandad del Santísimo Cristo o 13.300 a un concurso de paellas.
