El Consell aprobó ayer la nueva ley autonómica de cajas de ahorros, cuyo impacto en la autonomía es muy limitado, dado que solo queda una entidad tras la desaparición de Bancaja y la CAM. Se trata de la pequeña Caixa Ontinyent. La nueva legislación reduce de manera significativa la presencia de representantes de origen político, que en la ley vigente está en un 40 % de la asamblea y que en el futuro bajará al 25 %: 17 % para la Generalitat y 8 % para los ayuntamientos. Los impositores ganan peso, del 38 % al 50 %. Los empleados pasan del 12 % al 15 %. Por lo que respecta a la Obra Social, se determinan como destinatarios a los impositores, los empleados de la caja, los colectivos necesitados y los fines de interés público. En la normativa vigente las finalidades de la obra social eran sanidad, investigación, enseñanza, cultura, asistencia social y otras de carácter social. j. c. valencia
