El sector porcino mueve 15.000 millones de euros de negocio cada año y genera alrededor de 300.000 trabajadores directos en España, según la patronal Interporc. Esta semana los diversos agentes de esta actividad han tenido que defenderse tras la acusaciones realizadas en el conocido programa televisivo Salvados. Así, los empresarios destacan su compromiso con el bienestar animal ante la vorágine de críticas tras contemplarse cerdos desnutridos o enfermos, con malformaciones, animales muertos conviviendo con los vivos en un mismo espacio o algunos que se comen entre ellos en una explotación murciana proveedora de El Pozo (Grupo Fuertes), líder en la industria cárnica española.
«Esta actividad ha sido quizá una de las que ha llevado a cabo una mayor reconversión hacia procesos intensivos en el ámbito ganadero», explica Inmaculada Ibor, presidenta del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) y del Colegio de Veterinarios de València. Y este proceso, según la citada entidad, se llevó a cabo «mientras se implementaban un importante programa de medidas de mejora del bienestar y sanidad animal».
De hecho, España -con algunas explotaciones porcinas valencianas como abanderadas- fue uno de los primeros Estados miembros en implementar al 100 % en todas sus granjas la Directiva 2001/88/CE, pues es una de las más exigentes del mundo en materia de bienestar animal. Paralelamente, «se ha desarrollado una regulación propia que otros países de nuestro entorno no contemplan respecto de aspectos como la limitación del tamaño máximo de las explotaciones, distancias mínimas entre granjas, condiciones de alimentación, descanso y desarrollo u otras pensadas específicamente para su bienestar también en el transporte. Además, en los propios mataderos y en el momento del sacrificio se cumplen las normas», asegura Inmaculada Ibor.
Vigilancia de la Generalitat
En parecidos términos, el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero, puntualiza que la «situación está controlada» en la Comunitat Valenciana. En este territorio, que cuenta con 928 explotaciones (incluyen los cebaderos y de reproducción) se han realizado 1.102 inspecciones entre 2013 y 2017, según refleja el informe de la conselleria. Los técnicos de la administración, con treinta oficinas comarcales y 54 veterinarios encargados del control y vigilancia sanitarias, han realizado en este último lustro inspecciones relacionadas con los controles de alimentación, bioseguridad o identificación, entre otras, en 730 granjas, lo que supone el 78,6 % del total.
«La seguridad de la cadena alimentaria -añade la dirigente del colegio profesional- se garantiza en el matadero a través de la revisión de las condiciones en las que llegan los animales, descartando los no aptos para entrar en la cadena alimentaria y tomando muestras para controlar los posibles residuos. Además, los veterinarios supervisan el sacrificio y realiza inspecciones antes y después de morir los animales», explica Inmaculada Ibor. Sin duda, «su labor está ligado al bienestar y sanidad animal, así como a la seguridad alimentaria y protección del medio ambiente», agrega.
«Alertas infundadas»
Sergi Puchol es propietario de una explotación familiar en La Jana (Baix Maestrat) desde hace dos décadas, con 2.500 animales de cebo. En su opinión, se ha producido una «alerta infundida» porque las inspecciones son «estrictas» tanto en suministros de medicamentos como en otros ámbitos. «Si se encuentra algún residuo de antibióticos te cierran la granja» asegura este ganadero castellonense de la Unió de Llauradors i Ramaders.
«Un animal que está un poco cojo, con alguna herida o sangre a la vista puede subir al camión que lo traslada al matadero. Tiene que sacrificarse y no entra en la cadena alimentaria», explica Puchol. En 2017 esa granja ha tenido una inspección de alimentación para examinar los piensos. Además, otra sobre bienestar animal, que es cuando se observa la densidad en la instalación que acoge la cabaña porcina. No puede ser inferior a 0,70 metros cuadrados por animal.
