El cierre de las centrales nucleares que prepara el Gobierno en cuanto alcancen su vida útil no va a ser inmediato. El Estado va a necesitar diez años para desmantelar las plantas y no está claro cuándo se va a iniciar el proceso. Un informe de la consultora PwC advierte de que el apagón nuclear en España «no puede hacerse de forma abrupta» por la dependencia de la energía atómica y considera necesario secuenciar las paradas de los reactores asegurando, al menos, un intervalo de dos años para evitar el solapamiento de los procesos de cierre. La vida útil de Cofrentes vence en 2025.
El Estado constituyó hace treinta años la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos SA (Enresa), que es la encargada del desmantelamiento de las centrales nucleares. En torno al 20 % de la generación eléctrica nacional proviene de siete reactores nucleares que permanecen en activo y que están a punto de cumplir su vida útil. Las siete plantas en activo son Almaraz I y II, Vandellós II, Ascó I y II, Trillo y Cofrentes. Vandellós I cerró en 1989 y Enresa terminará de desmontar Zorita (la primera central española) en 2020.
El informe de PwC descarta que sea realista un cierre automático de todas las plantas como quiere el Gobierno. El documento incide en que en el caso de renunciar a la energía nuclear las emisiones de CO2 aumentarán notablemente si se sustituye esta electricidad con tecnologías térmicas convencionales, llevando a España al incumplimiento de la normativa de la Unión Europea. Por otro lado, según el análisis, si la sustitución se realiza con una penetración masiva de las energías renovables se incrementarán los costes del sistema (más de cuatro mil millones de euros al año) y con ello la factura sobre el consumidor (más de un 10 %) al ser necesarios más incentivos a la fotovoltaica y eólica, mayor refuerzo de la red y mecanismos de retribución al respaldo. «Por ello, la nuclear es necesaria, al menos hasta 2030 de forma que se garantice la estabilidad del sistema (potencia disponible y energía producida) y su sostenibilidad económica y medioambiental», sostiene el documento.
El problema es que para que la energía nuclear siga en el horizonte de 2030, el Gobierno tiene que ampliar la vida útil más allá de los cuarenta años y los operadores deberán realizar una inversión mínima de entre 3.200 y 3.500 millones de euros en seguridad y reposición de equipos. La consultora considera complicado que los operadores quieran abordar estas inversiones adicionales sin una estabilidad regulatoria clara.
PwC incide en su estudio en que una vez superado el horizonte del año 2030, el cambio tecnológico «no puede realizarse de forma abrupta. Es necesario organizar la transición de forma ordenada con un proceso de cierre escalonado del parque nuclear en función de las necesidades del sistema».
Proceso complejo
El proceso de desmantelamiento es complejo. Durante los tres años posteriores a la parada total del reactor de Cofrentes, el operador (Iberdrola) deberá realizar las tareas de predesmantelamiento (incluyendo la gestión del combustible gastado y el acondicionamiento de los residuos de operación) y tendrá que completar la documentación reglamentaria necesaria para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y para el traspaso de titularidad de la central a Enresa. Una vez traspasada la titularidad, Enresa desmantelará la planta en un proceso que se prolongará entre 7 y 10 años.
PwC insiste en que España no tiene capacidad de ejecutar de forma simultánea varios desmantelamientos ya que no hay ni suficiente personal especializado ni recursos por lo que el proceso se va a demorar.
